En la máxima tribuna tlaxcalteca, la diputada Lorena Ruiz García, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentó ante el Pleno de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 156 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

Con esta iniciativa, la legisladora busca prevenir y disminuir los índices de violencia contra las mujeres, implementando el tratamiento psicológico para agresores en los municipios, debido a que los resultados pueden ser satisfactorios, pues con esto se puede conseguir reducir las conductas de maltrato y evitar la reincidencia, así como lograr un mayor bienestar para el agresor y para la víctima.

Lo anterior, desde una perspectiva preventiva, ya que en la medida en que disminuya el número de hombres violentos contra la pareja, también lo hará la violencia futura. Asimismo, con esto se busca interrumpir la cadena de transmisión intergeneracional y el aprendizaje observacional por parte de los hijos.

Por su parte, Ruiz García, señaló “tratar psicológicamente a un agresor, debe ser una realidad, sobre todo si el sujeto asume la responsabilidad de sus conductas y cuenta con una mínima motivación para el cambio. Al margen de las diversas funciones que se atribuyen a las medidas penales-retributivas, ejemplarizantes y protectora de la sociedad-.No se puede prescindir de su función prioritaria de reeducación y reinserción social del agresor.”

De ser aprobada esta iniciativa, se agregaría la fracción VII al artículo 156 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, referente a las atribuciones y obligaciones del Juez Municipal, en la que se adicionaría que “en casos de violencia familiar e incumpliento a las órdenes de protección, el Juez, adicional a la sanción administrativa, impondrá a los agresores, acudir de forma obligatoria a 10 sesiones en un periodo de dos meses de orientación psicológica en las oficinas del DIF del Municipio de su radicación.”

Así como, “el agresor también podrá ser canalizado para cumplir con esta medida, a talleres, cursos o programas de reeducación masculina, en cualquier dependencia de gobierno o asociación civil, que lo tenga vigente al momento de la orden de cumplimiento.”

Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Gérero y Contra la Trata de Personas y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El cargo Presenta Lorena Ruiz García iniciativa para implementar tratamiento psicológico a agresores apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves, por unanimidad de votos, una adición a la Constitución Política local que impide que personas con antecedentes de violencia familiar, sexual o en contra de las mujeres, en cualquiera de sus modalidades, así como por incumplimiento de obligaciones alimentarias, formen parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos.

La reforma, sin embargo, entrará en vigor hasta el 1 de septiembre de 2024, ya con nuevas autoriudades ejerciendo en los ayuntamientos, presidencias de comunidad y Congreso del Estado.
Lo anterior, ante el impedimento constitucional federal de que las leyes comiciales, federales y locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso en que vayan a aplicarse.

La adición aprobada fue al artículo 24 bis constitucional local, y en ella se establece que “sin perjuicio de los requisitos que en cada caso deban cumplirse, conforme a la normatividad que rija la materia, no podrá ser electa o designada para ocupar algún cargo público, o para ejercer algún empleo o comisión en los poderes públicos del Estado, en los gobiernos municipales o en los órganos autónomos, la persona que mediante sentencia firme sea declarada responsable de violencia familiar o doméstica, o de violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.

También estarán impedida aquellas personas que, a través de sentencia firme, fueron condenadas por la comisión de algún delito contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, o contra la intimidad sexual; haya sido declarada deudora alimentaria y se encuentre en mora en el cumplimiento de su obligación alimentaria o esté inscrita, con registro vigente, en algún padrón de personas deudoras alimentarias.

Lo anterior, salvo que esas personas acrediten estar al corriente en el pago, pague en su totalidad la deuda o garantice su cumplimiento por alguno de los medios establecido en la ley.
El dictamen aprobado por las y los legisladores reconoce que las instituciones del sector público son las encargadas de promover y garantizar la observancia de los derechos de las mujeres y, en consecuencia, de proveer a la realización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo que no sería así “si las personas servidoras públicas que representan, dirigen o prestan sus servicios a los entes públicos son, en realidad, transgresoras de los derechos de las mujeres e incurren en violencia por razones de género”.

La reforma aprobada incluye un artículo transitorio en el que se ordena que los nuevos requisitos de elegibilidad, para ser candidata o candidato a algún cargo de elección popular, deberán observarse “a partir a partir del día uno de septiembre del año 2024”.

Por otra parte, el diputado local perredista Juan Manuel Cambrón Soria presentó una iniciativa de reforma y adición a la Constitución Política del Estado, con el objetivo de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres.

La reforma incluye reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Código Civil, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley de Notariado y Ley de Comunicaciones y Transportes, todos del Estado de Tlaxcala.

Lo que la reforma busca es la creación del Registro de Obligaciones Alimentarias, que será un padrón que difunda información respecto a quienes mantienen la calidad de deudores alimentarios morosos.

La inscripción en el Registro impedirá que los deudores alimentarios puedan ser electas u ocupar cargo público alguno, además de que no podrán obtener licencias o permisos para conducir, ni tampoco no podrán tramitar escrituras por los notarios públicos relativas a compraventa de bienes inmuebles y a la constitución o transmisión de derechos reales.

En el caso de las solicitudes de matrimonio, aunque no habría impedimento para la celebración de éste, el juez, oficial o encargado del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.

El cargo Agresores contra mujeres e incumplidos alimentarios, no formarán parte de la administración pública apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.