El Gobierno Municipal de Huamantla, a través de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, informa que la tarde de este sábado se registró un accidente ferroviario sobre la carretera que conduce al Pueblo de Benito Juárez, a la altura del establecimiento conocido como El Toro Negro, el cual dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte recibido alrededor de las 17:00 horas, una locomotora de la empresa Ferrosur impactó contra un tractocamión con plataforma que transportaba maquinaria pesada tipo oruga, cuando este se encontraba sobre las vías férreas.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acudieron de manera inmediata al lugar para verificar la situación y coordinar las acciones correspondientes.

Como resultado del impacto, la unidad de carga quedó sobre las vías del ferrocarril, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de grúas especializadas, cuyos operadores realizaron las maniobras para retirar el vehículo pesado.

Asimismo, se reportaron daños en un poste de soporte de cámaras de videovigilancia, el cual fue derribado durante el incidente.

En las labores de atención participaron de manera coordinada elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y personal de Protección Civil, quienes brindaron apoyo para atender la emergencia y realizar las maniobras necesarias.

Las autoridades confirmaron que el accidente dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.

El Gobierno Municipal de Huamantla reitera su compromiso de mantener una respuesta oportuna y coordinada ante situaciones de emergencia, al tiempo que exhorta a las y los conductores a extremar precauciones al cruzar las vías ferroviarias, respetar los señalamientos y evitar maniobras que puedan poner en riesgo su integridad.

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El accidente vial ocurrido la noche del martes sea convertido en un escándalo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, pues uno de los afectados en el múltiple choque vial es el médico Marco Pérez, que denunció presuntas irregularidades en el actuar de los elementos posterior al impacto y aseguró que los policías involucrados aparentemente se encontraban bajo los influjos del alcohol.

De acuerdo con su testimonio, el conductor de la patrulla tenía dificultades para mantenerse de pie, mientras que otro de los elementos aparentemente estaba dormido. Pérez afirmó que percibió un fuerte olor a alcohol y sostuvo que los uniformados no presentaban lesiones visibles, por lo que exigió pruebas periciales y toxicológicas.

El médico señaló que el impacto involucró cuatro vehículos y provocó daños materiales. Según su versión, los automóviles afectados estaban detenidos en un semáforo cuando ocurrió la colisión. También aseguró que la patrulla que impactó contra los vehículos no llevaba encendidas la torreta ni las señales auditivas de emergencia.

La actuación posterior de los policías también está bajo cuestionamiento. Marco Pérez denunció que otros elementos retiraron a los uniformados del lugar y que posteriormente fueron trasladados en una ambulancia, sin que los afectados recibieran información suficiente sobre su estado de salud, el hospital al que fueron llevados o su situación jurídica.

El afectado también señaló presuntas irregularidades en el manejo de los vehículos siniestrados. Aseguró que al conductor de una camioneta blanca supuestamente le solicitaron 11 mil pesos para liberar su unidad de la grúa, bajo la advertencia de que podría ser detenido. La acusación deberá investigarse para determinar si existió algún abuso de autoridad.

Marco Pérez exige que se abran las cámaras del C5i y se practiquen pruebas toxicológicas a los policías involucrados. También pide que se haga público el parte oficial del accidente y se esclarezca si los elementos realmente atendían un reporte operativo, como presuntamente se habría argumentado.

El médico anunció que presentará una denuncia para exigir el deslinde de responsabilidades y la reparación de los daños materiales. Hasta el momento de la entrevista, afirmó que no había recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades sobre el pago de los perjuicios ni sobre la situación de los policías involucrados.

La denuncia pone bajo la lupa la actuación de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Los señalamientos de Marco Pérez deberán investigarse con evidencia, peritajes y registros oficiales. La transparencia de la SSC será fundamental para esclarecer el accidente y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.

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El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Martín Perea Marrufo, defendió la actuación de los elementos policiales involucrados en un accidente vial que derivó en impactos contra otros tres vehículos y descartó que los uniformados estuvieran bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia tóxica.

Durante su declaración, el funcionario explicó que las unidades policiales circulaban por el bulevar hacia la intersección donde ocurrió el percance, en cumplimiento de un folio de atención relacionado con una camioneta Ford F-10 en la que, según el reporte recibido, viajaban personas posiblemente armadas.

Perea Marrufo indicó que las patrullas llevaban encendidas las torretas y las señales de emergencia. Citó el artículo 123 del Reglamento de Movilidad del Estado de Tlaxcala, que establece la preferencia de paso para vehículos de emergencia y seguridad pública cuando utilizan las señales correspondientes, además de permitirles apartarse de ciertas normas de circulación, siempre que tomen las debidas precauciones. También recordó que los conductores deben cederles el paso.

Sobre la mecánica del accidente, explicó que el primer impacto provocó que la patrulla perdiera el control y terminara involucrada en colisiones con otros tres vehículos. Aseguró que no hubo pérdidas humanas y que las personas involucradas recibieron atención médica, incluidos los policías, uno de los cuales presentó mayor aturdimiento debido al golpe.

El titular de la SSC rechazó las versiones que señalaban que los uniformados conducían bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia tóxica. Afirmó que la dependencia cuenta con certificados médicos que respaldan su declaración y que estos documentos podrán presentarse ante la Fiscalía si son requeridos.

En cuanto a la reparación de los daños, sostuvo que la aseguradora del Gobierno del Estado atendió los vehículos afectados y cubrió los gastos correspondientes al arrastre y traslado a talleres. Sin embargo, precisó que hubo una excepción relacionada con un automóvil que presuntamente prestaba servicio mediante una plataforma digital y que, según su versión, no contaba con póliza de seguro.

El secretario también cuestionó la difusión de cifras sobre un supuesto cobro de hasta 12 mil pesos por el servicio de grúa. Señaló que esa cantidad no correspondía a la información que tenía la dependencia y mencionó que el costo estimado del arrastre, incluido el corralón, rondaba los cinco mil pesos. Aclaró que el traslado de los vehículos debía realizarse para liberar la vialidad y permitir la atención de las personas involucradas.

Finalmente, Perea Marrufo sostuvo que no hubo necesidad de poner a disposición a los conductores ante el Ministerio Público, debido a que se alcanzaron acuerdos mediante las aseguradoras, con excepción del caso señalado. Reiteró que la prioridad fue atender a los lesionados y retirar los vehículos para restablecer la circulación.

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De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el incidente ocurrió en los carriles con dirección a Santa Ana cuando un automóvil particular colisionó contra un motociclista que transitaba por la zona.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio para brindar la atención correspondiente a las personas involucradas y coordinar el flujo vehicular, el cual presentó tráfico lento durante varios minutos debido al percance.

Información en desarrollo.

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