La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad la controversia constitucional 248/2025, por el que invalidó la fiscalización de recursos federales al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) e invalidó la aprobación de la cuenta pública del municipio de Atlangatepec del periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024 del Congreso local, así como los actos administrativos de responsabilidad que pretendía iniciar el poder legislativo por presunto daño patrimonial de recursos federales.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra leyó el proyecto de resolución en el que argumentó la invalidez del OFS y del Congreso local quienes excedieron sus atribuciones e indebidamente fiscalizaron recursos federales al municipio.
“Se declara fundado el concepto de invalidez formulado por el municipio actor (Atlangatepec) debido a que la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de auditar recursos de procedencia federal en concreto, las aportaciones federales entregadas a los municipios a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales”, explicó.
La magistrada dijo que las legislaturas estatales tienen únicamente la facultad y fiscalizar los ingresos que integran la hacienda municipal, lo que excluye a las aportaciones federales por su finalidad es el fortalecimiento a las haciendas locales y municipales, mediante la provisión de recursos federales en apoyo a actividades específicas.
“Por lo anterior, se propone declarar la invalidez del proceso de fiscalización y la totalidad del decreto impugnado, porque como lo señalé anteriormente, el órgano de fiscalización superior estatal indebidamente, fiscalizó el ejercicio de recursos federales entregados al municipio actor (Atlangatepec), además, el Congreso local válido, indebidamente y aprobó la cuenta pública del municipio actor pese a que tampoco podía emitir un pronunciamiento sobre dicho aspecto”, concluyó.
