* La estrategia contempla detección temprana, justicia para las víctimas y acciones para garantizar que las niñas afectadas por la violencia regresen a la escuela.
La protección de niñas, niños y adolescentes requiere la participación activa de los 60 municipios de Tlaxcala, con acciones que permitan prevenir y erradicar la violencia, detectar oportunamente los casos y garantizar atención integral a las víctimas, señaló Stefano Di Grazia Hernández, titular del Consejo Estatal de Población (COESPO) y secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Tlaxcala.
El funcionario destacó que la estrategia nacional debe traducirse en acciones concretas desde el ámbito municipal, mediante la coordinación entre autoridades, instituciones educativas, servicios de salud y familias, a fin de construir entornos seguros para las infancias y adolescencias.
Explicó que la detección temprana de situaciones de violencia debe fortalecerse en las escuelas, clínicas y hogares, para identificar oportunamente los casos y activar los mecanismos de protección correspondientes.
Además de la prevención, subrayó la importancia de avanzar hacia la erradicación de este fenómeno social mediante una respuesta institucional que contemple el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y la reparación integral del daño.
Uno de los principales desafíos, expuso, es lograr que las niñas víctimas de violencia regresen a las aulas, pues las consecuencias de estas agresiones pueden afectar su continuidad educativa y el ejercicio de sus derechos.
En este contexto, planteó que los municipios deben convertirse en espacios de protección, donde las autoridades locales, las familias y las instituciones trabajen de manera coordinada para brindar acompañamiento y condiciones de seguridad a las menores afectadas.
Di Grazia Hernández informó que el manifiesto nacional fue firmado el 26 de septiembre de 2026, con la participación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y los 32 sistemas estatales. La estrategia contempla su implementación en todos los municipios, sin distinción, aunque reconoce que existen localidades prioritarias para la intervención institucional.
El objetivo, sostuvo, es consolidar una política de protección integral que no se limite a reaccionar ante los casos de violencia, sino que permita detectarlos a tiempo, atender a las víctimas y garantizar la restitución de sus derechos, especialmente el acceso a la educación.
