La globalización no solo ha intensificado los intercambios económicos y culturales, sino que también ha hecho más visibles y delicadas las relaciones políticas entre actores de distintos países.
En este contexto, el trabajo legislativo enfrenta un reto permanente: gestionar vínculos internacionales sin invadir el ámbito de la diplomacia formal.
El reciente señalamiento de la Embajada de China hacia la senadora Ana Lilia Rivera ofrece una oportunidad para reflexionar sobre ese delicado equilibrio.
Lejos de constituir un acto de confrontación, la actuación de la senadora debe entenderse como parte de una práctica legislativa legítima.
Los parlamentos del mundo sostienen diálogos constantes con oficinas culturales, organismos de cooperación y representaciones económicas que no poseen estatus diplomático pleno.
Estos intercambios no redefinen la política exterior de los Estados, pero permiten construir redes que, bien aprovechadas, generan beneficios concretos para regiones específicas.
Ana Lilia Rivera no habló en nombre del Ejecutivo federal ni asumió una representación diplomática que no le corresponde.
Su intervención se inscribió en el marco de una agenda de gestión parlamentaria, una dimensión del trabajo legislativo a menudo invisibilizada, pero esencial para traducir la política en resultados tangibles.
En entidades como Tlaxcala, donde las oportunidades no siempre llegan por inercia, esta capacidad de interlocución adquiere una relevancia particular.
La reacción de la Embajada de China pone de manifiesto la hipersensibilidad que rodea el tema de Taiwán en el escenario internacional, pero no invalida el ejercicio político realizado desde el Senado.
Confundir una gestión legislativa con una postura diplomática oficial equivale a desconocer el funcionamiento de los contrapesos y las competencias dentro del Estado mexicano.
También implica ignorar que el trabajo parlamentario cuenta con márgenes de acción propios, siempre que se mantenga dentro del marco legal, como ocurrió en este caso.
Lejos de representar una falta, el episodio destaca el oficio político de la senadora: su capacidad para desenvolverse en escenarios complejos, preservar el equilibrio institucional y evitar la tentación de la confrontación discursiva.
En un momento en que la política tiende a reducirse a declaraciones incendiarias, esta forma de actuar constituye, paradójicamente, una muestra de responsabilidad.
Al final, el debate no debería centrarse en una polémica artificial, sino en una cuestión más sustantiva: ¿queremos legisladores pasivos, temerosos de cualquier gestión internacional, o representantes con iniciativa, capaces de abrir caminos sin romper consensos?
En esa disyuntiva, la actuación de Ana Lilia Rivera se sitúa claramente del lado del oficio, la gestión y la responsabilidad política. El tiempo será el que ponga a cada uno en su lugar.
