* El informe fue entregado a la Comisión Instructora de Juicio para determinar si existen o no motivos para aplicar juicio político a los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
La Comisión Especial de Diputados presentó este jueves al Pleno del Congreso del Estado el informe que contiene las pruebas documentales que servirán para determinar la procedencia o no del juicio político promovido en contra de María Isabel Pérez González, Marcos Tecuapacho Domínguez y Elías Cortés Roa como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), señalados de incurrir en actos y omisiones en el buen despacho de sus investiduras.
El informe contiene reportes de diversas instancias jurídicas y administrativas, ente los cuales destacan aquellos entregados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
De acuerdo con el informe entregado por las diputadas Alejandra Ramírez Ortiz, Tomás Rivera Lara y Ramiro Lima Tecocoatzi, las personas titulares de las tres magistraturas no tienen denuncias penales ni administrativas en contra del proceso de adquisición de un predio que se utiliza para construir la sede del Tribunal de Justicia Administrativa, y el cual fue motivo de una solicitud de juicio político.
También destaca el oficio número OFS/1509/2024, de fecha 8 de mayo de 2024, emitido por el OFS, en el que se da cuenta de la disposición de recursos públicos por un monto de 6.5 millones de pesos, para la compra del predio.
Sin embargo, “conforme a esta documental, se acredita que la adquisición no fue objeto de observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior, durante la fiscalización de la cuenta pública del Tribunal de Justicia Administrativa, referente al ejercicio fiscal 2020”.
El informe y documentación dada a conocer por la Comisión Especial fue entregado a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del Congreso local, con el objetivo de que determine si existen motivos para aplicar juicio político a los tres magistrados.
Cabe recordar que la solicitud de juicio político fue promovida por el abogado Daniel Morales Díaz, quien asegura que los dos magistrados y la magistrada incurrieron en conductas y omisiones susceptibles de ser sancionadas mediante la instauración de juicio político. Lo anterior, debido a la compra de un predio en donde ya se edifica la sede de TJA.
