La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la fiscalización de los recursos públicos federales que ejercen los municipios, anulando revisiones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del Estado de Tlaxcala, por lo que litigantes como Orlando Santacruz Carreño celebraron esta medida.
Esta resolución, derivada de controversias constitucionales promovidas por municipios tlaxcaltecas —entre ellas la 253/2024 del municipio de Contla de Juan Cuamatzi—, fue el eje central de la entrevista concedida por el abogado y ex diputado local al programa “Al Chile” de MR Noticias.
En la entrevista, el especialista en fiscalización y políticas públicas anticorrupción celebró la decisión de la Corte y explicó con detalle el fundamento constitucional del fallo.
Santa Cruz Carreño enfatizó que nadie se opone a la fiscalización y rendición de cuentas de los recursos públicos. “Al contrario, estos son principios que fortalecen cualquier Estado democrático”, afirmó.
Sin embargo, subrayó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosestablece claramente las competencias
Los artículos 74 y 79 otorgan a la Cámara de Diputados Federal, a través de la ASF, la facultad originaria para fiscalizar directamente los recursos federales, incluso cuando son ejercidos por estados y municipios, rememoró el jurista
Además añadió que el artículo 116 permite a las entidades federativas crear órganos de fiscalización, pero exclusivamente para revisar recursos locales, no federales.
“Han querido dar una interpretación indebida al artículo 116 con la intención de control político”, señaló el abogado, quien consideró que esta práctica se ha utilizado para presionar a presidentes municipales que no se alinean a ciertos proyectos políticos.
El litigante explicó que desde diciembre de 2020, la propia ASF notificó al órgano fiscalizador de Tlaxcala que los convenios de coordinación para revisar recursos federales quedaban sin efectos.
A pesar de ello, el Congreso del Estado y el OFS continuaron realizando revisiones, lo que generó múltiples controversias constitucionales.
Santa Cruz Carreño mencionó que, además del caso de Contla, existe al menos otra controversia resuelta y se anticipan más en los próximos días.
El abogado respondió directamente a la pregunta sobre el beneficio para la ciudadanía: una fiscalización más profesional, imparcial y técnica por parte de la ASF reduce el riesgo de control político y aumenta la efectividad en la revisión de los recursos.
“La ASF no tiene tintes políticos. Su labor se enfoca en la norma, no en presiones locales”, dijo.
Además, recordó que existe una Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Comisión Nacional de Contabilidad Gubernamental (CONAC), que buscan homologar criterios en todo el país para evitar discrepancias.
Orlando Santa Cruz Carreño, quien asesora a varios ayuntamientos de Tlaxcala (dos de los cuales han sido calificados entre los mejores del estado en finanzas y transparencia), invitó a los presidentes municipales a caminar por la ruta de la legalidad y ofreció su número de contacto: 241 100 43 60 para quienes requieran asesoría especializada en contabilidad gubernamental, transparencia y defensa en materia de fiscalización.
La reciente resolución de la SCJN, que anula la fiscalización estatal sobre fondos federales en Tlaxcala y ratifica la competencia exclusiva de la ASF, representa un importante precedente para fortalecer el federalismo y la autonomía municipal en el manejo y revisión de los recursos públicos.
