El proyecto de la Suprema Corte de Justicia que propone modificar la reforma judicial ha confrontado a los poderes de la Unión en México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha acusado a los ministros del Supremo de ser “autoritarios” al proponer que los jueces y magistrados no sean electos por voto popular, uno de los puntos torales de la enmienda oficialista, que ya plasmada en la Constitución. La mandataria ha dicho que los ministros se están arrogando facultades del Legislativo, habida cuenta de que el proyecto de sentencia, que será votado la próxima semana, podría modificar el texto constitucional. “Ellos [los ministros] pueden no estar de acuerdo como personas, pero, de ahí a resolver en la Corte en contra de una reforma constitucional, ya es otra cosa”, ha afirmado Sheinbaum en su conferencia Mañanera.
El ministro Juan Luis González Alcántara ha elaborado un proyecto que propone excluir de la elección por voto popular a jueces de distrito y magistrados de circuito, aunque deja intacto el voto en las urnas para elegir ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. El proyecto de González deja ver entre líneas que se intenta rescatar la carrera judicial de cientos de jueces y magistrados mientras se entrega la cabeza de la élite de la judicatura. Varios ministros de la Corte han presentado su renuncia, por dos motivos: para hacer explícito que no participarán en la elección judicial, y para conservar su haber por retiro, una especie de pensión vitalicia a la que tienen derecho. La votación del proyecto de Alcántara será el próximo martes. Se necesitan ocho votos —de un pleno de 12— para aprobarlo.
“Dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática. Nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución”, ha afirmado Sheinbaum. “La Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial”. La presidenta ha afirmado que el Supremo solo podría determinar si hubo defectos en el proceso legislativo de una enmienda, algo que, por cierto, el proyecto de Alcántara valida en el caso de la reforma judicial. “Pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara; lo que dice es: les hago una nueva propuesta de Constitución, de reforma al Poder Judicial”, ha mencionado. “Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, ocho personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente, ¿sí se dan cuenta de la magnitud?”.
La mandataria ha citado el artículo 135 de la Constitución, que establece que la Carta Magna puede ser reformada por la mayoría calificada del Congreso. “[Los ministros] pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, tienen derecho a no estar de acuerdo, tiene derecho cualquier ciudadano, el asunto es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, a nuestras leyes electorales, a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial, una transformación profunda”, ha dicho Sheinbaum.
Si bien el Supremo no tiene facultades para “cambiar” de suyo la Carta Magna, hay actores legitimados jurídicamente para interponer ante el Alto Tribunal acciones de inconstitucionalidad, con las que se analiza la validez de una norma en el conjunto constitucional (lo que convierte al Supremo mexicano en un tribunal constitucional). En este caso, varios partidos de oposición promovieron tal instrumento por considerar que la reforma judicial tiene una dimensión electoral. La Corte dio entrada al recurso con el argumento de que la materia electoral va más allá de la mera organización de comicios para elegir autoridades políticas, y habida cuenta de que la reforma judicial propone elegir por votación a los jueces y confiere nuevos derechos político-electorales a la ciudadanía.