Sheinbaum advierte a Tlaxcala y piden a funcionarios sacar las manos del proceso electoral

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El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a respetar los procesos democráticos fue interpretado en Tlaxcala como un mensaje que no solamente alcanza a un gobernador con licencia, sino a todas y todos los servidores públicos que intervienen en la vida política del país, afirmó el diputado federal con licencia y aspirante a la coordinación estatal en defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, Raymundo Vázquez Conchas.

Durante un posicionamiento,  sostuvo que el mensaje presidencial busca que el pueblo de México conozca con claridad la visión y el rumbo del gobierno federal, bajo una premisa central: “la dirección correcta siempre será el beneficio del pueblo”.

El pronunciamiento tuvo una lectura directa para Tlaxcala. Gobernadores, diputados, presidentes municipales, presidentes de comunidad, magistrados, jueces, secretarios, directores y demás funcionarios fueron llamados a no intervenir en procesos que corresponden exclusivamente a la ciudadanía.

La acusación más delicada fue que trabajadores de distintos niveles de gobierno estarían siendo presionados o condicionados para participar en actividades políticas. El señalamiento coloca nuevamente bajo la lupa el uso de estructuras gubernamentales con fines político-electorales.

“Dejen de estarse metiendo en el proceso que solamente le corresponde decidir al pueblo”, fue uno de los reclamos centrales del mensaje de Ray Vázquez Conchas, acompañado de una exigencia para que cesen posibles actos de presión hacia trabajadores del gobierno.

El posicionamiento también advierte que Tlaxcala atraviesa una coyuntura política compleja, en un momento en que México enfrenta además presiones internacionales derivadas de la relación con Estados Unidos y las políticas del presidente Donald Trump.

Finalmente, el aspirante expreso confianza en que la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional de Morena conocen lo que ocurre políticamente en Tlaxcala. La pregunta que queda sobre la mesa es si este llamado se traducirá en acciones concretas contra quienes eventualmente utilicen estructuras públicas para influir en las decisiones electorales.