La jueza Lisa Walsh del 11.º Circuito Judicial de Florida emitió este lunes una sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa Cristina Pereyra. El dictamen—pronunciado sin juicio, tras la reiterada incomparecencia de los acusados— les impone el pago conjunto de 2 mil 488 millones de dólares por un esquema de contratos ilícitos que, según la demanda, drenó recursos públicos mexicanos hacia propiedades y cuentas en el sur de Florida.
El fallo detalla que García Luna debe restituir 748 millones, mientras que Pereyra—considerada pieza clave en la transferencia y ocultamiento de activos—afronta una sanción mayor: mil 740 millones de dólares. “Un demandado que incurre en una falta por no responder a la demanda inicial del demandante admite los hechos bien fundamentados y consciente en el alivio solicitado en la demanda”, argumentaron los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano que representa al gobierno mexicano.
¿Cómo funcionó el esquema, según la demanda?
La UIF sostiene que, entre 2012 y 2018, García Luna y una red de colaboradores manipularon contratos de seguridad para extraer al menos 250 millones de dólares, suma que más tarde se multiplicó a 580 millones 8 mil 513.40 mediante sobrecostos y comisiones secretas. “Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, el acusado García Luna y personas que actuaban bajo su dirección… transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados”, señala la moción presentada ante la corte. Propiedades en Aventura, condominios de lujo y sociedades pantalla habrían servido para lavar el dinero.
Ni el exfuncionario—encarcelado en Nueva York y condenado en 2023 por narcotráfico—ni su esposa respondieron a la demanda civil presentada en 2021. La jueza Walsh advirtió varias veces sobre las consecuencias de la omisión; aún así, Pereyra dejó vencer plazos y su abogado se retiró del caso. Para la UIF, esa ausencia equivalía a admitir los cargos: “El demandante, México, solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal dicte una Sentencia Final en Rebeldía contra los acusados Genaro García Luna y Linda Cristina Pereyra de García…”. La magistrada coincidió y dictó el fallo por default.
Próximos pasos: embargos y búsqueda de activos
La sentencia autoriza al gobierno mexicano a confiscar bienes localizados en Florida y en otras jurisdicciones que cooperen con órdenes civiles. Entre los codemandados figuran los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes continúan negociando un acuerdo con la UIF, y exsubordinados de García Luna que ya pagaron sumas menores—como José Francisco Niembro, quien desembolsó 330 mil dólares.
Los abogados mexicanos anticiparon que presentarán un inventario detallado de propiedades y cuentas bancarias en la llamada “audiencia probatoria de daños”. La jueza Walsh, quien considera el caso “excesivamente demorado”, urgió a cerrar los convenios pendientes antes de abrir un posible juicio contra los restantes demandados.
La Fiscalía confirmó que mantiene una orden de aprehensión contra Pereyra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, que recuperar la totalidad de los 2 mil 500 millones será complejo: muchos activos habrían pasado por fideicomisos opacos o fueron revendidos. Aun así, el caso sienta un precedente sobre la cooperación judicial entre México y Florida para rastrear capitales ilícitos.
CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR
