- El Congreso local aún no aborda el tema, sostiene la legisladora local
Para despenalizar el aborto en el estado de Tlaxcala debe haber sinergias entre los integrantes de la actual Legislatura local, sobre todo para adoptar de qué manera se abordará la derogación en el Código Penal del Estado, afirmó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Reyna Flor Báez Lozano.
“El aborto es un tema en el que es necesario tomar en consideración la visión de todos los integrantes de la Legislatura y generar sinergias para reformar el Código Penal”, dijo la diputada, quien reconoció que el Congreso del Estado debe respetar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN).
“La Corte se ha pronunciado en el sentido de que el tipo penal del aborto, en el Código Penal Federal, es inconstitucional, así que nosotros, como integrantes del Poder Legislativo local debemos ser respetuosos de la interpretación que hicieron las ministras y los ministros, ya que su criterio seguramente repercutirá en las entidades federativas”, precisó.
Sin embargo, sostuvo que el Congreso local debe analizar “con mucha responsabilidad el tema”, con el objetivo de “determinar la procedencia o no de una posible enmienda a la legislación local, tal y como lo dispuso la Corte”.
Cabe recordar que el pasado 6 de septiembre la SCJN declaró inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, por lo que no sólo los jueces federales, sino también los locales, deberán implementar lo aprobado por las ministras y los ministros.
De hecho, las ministras y ministros concluyeron que el apartado que criminaliza el aborto ya no tendrá efecto y, por lo tanto, ya no se le podrá castigar a ninguna mujer o persona gestante ni al personal de salud.
En el caso de Tlaxcala, el artículo 242 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que “Se impondrá de quince días a dos meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis días de salario, a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
También establece que esa “misma sanción se aplicará al que haga abortar a una mujer a solicitud de ésta, con tal que no se trate de un abortador de oficio o de persona ya condenada por ese delito, pues en tal caso la sanción será de dos a tres años de prisión”.
