El Congreso del Estado de Tlaxcala enfrenta un nuevo revés judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la LXV Legislatura dejar sin efectos la destitución de la mayoría de los integrantes del Cabildo de Contla de Juan Cuamatzi, al advertir que el juicio político que dio origen a esa decisión habría sido sustentado en disposiciones legales declaradas inconstitucionales desde hace casi seis años.
El acuerdo fue emitido por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dentro de la Denuncia de Incumplimiento 1/2026, derivada de la Controversia Constitucional 38/2019. En él, la Corte concedió al Congreso un plazo de 15 días hábiles para revocar el acto impugnado o presentar un informe con el que pretenda justificar la legalidad de su actuación.
La resolución abre la puerta a que el máximo tribunal determine si el Poder Legislativo desacató una sentencia firme de la propia SCJN al repetir un criterio que ya había sido expulsado del orden jurídico nacional.
El conflicto se originó tras el juicio político LXV-SPPJP001-2025, mediante el cual los diputados destituyeron a la mayoría de los integrantes del Cabildo de Contla, luego de que éstos suspendieran por 90 días al presidente municipal, Alejandro Flores Xelhuantzi, como consecuencia de presuntos actos de violencia política y de género.
No obstante, las autoridades municipales sostuvieron ante la Suprema Corte que el Congreso volvió a considerar a los presidentes de comunidad como integrantes del Cabildo con los mismos derechos y voto que los regidores, criterio que la SCJN invalidó desde noviembre de 2020 por violar el artículo 115 de la Constitución federal.
En aquella sentencia, emitida al resolver la Controversia Constitucional 38/2019 promovida por los municipios de Contla, Yauhquemehcan y Tlaxco, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley Municipal de Tlaxcala que otorgaban esa calidad a los presidentes de comunidad. La resolución surtió efectos el 11 de diciembre de 2020, cuando fue notificada al Congreso local, por lo que desde entonces dichas normas dejaron de tener validez para esos municipios.
Ahora, la SCJN considera que existen indicios de que el Congreso habría ignorado esa determinación al utilizar nuevamente esos preceptos para justificar la destitución del Cabildo de Contla.
El acuerdo establece que la Legislatura deberá revocar el acto reclamado o demostrar, con argumentos y documentación suficiente, que su resolución no incumplió la sentencia constitucional.
De no atender el requerimiento, los diputados podrían enfrentar consecuencias legales. El artículo 107, fracción XVII, de la Constitución federal contempla incluso responsabilidades penales para las autoridades que desacaten resoluciones judiciales o actúen con negligencia o mala fe frente a los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales.
Con esta decisión, la Suprema Corte no sólo cuestiona la legalidad del juicio político promovido por el Congreso de Tlaxcala, sino que coloca bajo escrutinio el respeto del Poder Legislativo a las sentencias definitivas del máximo tribunal del país.
