La diputada local Sandra Guadalupe Aguilar Vega presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de fortalecer la inclusión, accesibilidad y autonomía de las personas con discapacidad.
La propuesta coloca en el centro el reconocimiento de los perros de asistencia como apoyos funcionales especializados, cuya labor va más allá de la compañía, al permitir que sus usuarios puedan realizar determinadas actividades cotidianas con mayor seguridad, independencia y dignidad.
De acuerdo con la iniciativa, el acceso a espacios públicos y privados de uso público no debe depender de criterios como la raza, tamaño o apariencia del animal, sino de su función y de la relación directa que mantiene con el ejercicio de los derechos de una persona con discapacidad. La legisladora plantea diferenciar jurídicamente a estos animales de los perros de compañía y de los animales de apoyo emocional.
La propuesta advierte que las barreras para las personas con discapacidad no son únicamente físicas. También existen barreras administrativas, sociales, culturales y normativas que pueden limitar el acceso a servicios, establecimientos, transporte y espacios públicos. En ese sentido, la falta de claridad sobre los perros de asistencia puede convertirse en una forma indirecta de discriminación.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer expresamente que las personas con discapacidad usuarias de un perro de asistencia tengan derecho a acceder, transitar y permanecer acompañadas por el animal en los espacios públicos y privados de uso público. Asimismo, se plantea prohibir que establecimientos o prestadores de servicios impongan cobros adicionales exclusivamente por la presencia del perro.
La iniciativa también contempla que las eventuales restricciones al acceso deberán ser excepcionales, objetivas, proporcionales y justificadas técnicamente, particularmente cuando existan condiciones específicas de bioseguridad, seguridad médica o características propias de determinados espacios. La intención es evitar que disposiciones internas o criterios administrativos sean utilizados de manera arbitraria para negar el acceso.
Aguilar Vega plantea además fortalecer la regulación relacionada con el bienestar y entrenamiento de los perros de asistencia, considerando aspectos como su selección, adiestramiento especializado, identificación y eventual retiro de sus funciones. También se reconoce la importancia de contemplar a los perros que se encuentran en proceso de formación, pues requieren exposición a situaciones y entornos reales para desarrollar adecuadamente sus capacidades.
La legisladora sostiene que la propuesta responde al modelo social de la discapacidad, que entiende esta condición no solamente desde las características individuales de una persona, sino desde la interacción con las barreras existentes en su entorno. Bajo esta perspectiva, corresponde al Estado generar condiciones que permitan la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
La iniciativa busca reformar, entre otros aspectos, disposiciones de la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala para incorporar una definición más precisa de accesibilidad y establecer una figura jurídica específica para los perros de asistencia, así como reconocer expresamente los derechos de sus usuarios.
El planteamiento fue turnado para su estudio y análisis a las comisiones correspondientes del Congreso local, entre ellas las relacionadas con Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, con la finalidad de revisar su viabilidad jurídica y legislativa.
La propuesta parte de una premisa: la inclusión no consiste únicamente en eliminar una barrera física, sino en garantizar que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en la sociedad con autonomía, seguridad y dignidad. En este caso, el perro de asistencia sería reconocido no como un privilegio, sino como una herramienta de accesibilidad vinculada directamente al ejercicio de derechos humanos.
