La empresa Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla (ATAH) sufrió un importante revés legal al perder el juicio de amparo con el que buscaba frenar la regularización y apertura de la ruta Tlaxcala-Apizaco, uno de los corredores de transporte público más demandados y rentables del estado.
El Juzgado Segundo de Distrito resolvió el pasado 4 de febrero de 2026 sobreseer el amparo 1371/2024 promovido por la compañía, al determinar que no acreditó una afectación jurídica directa derivada de los actos reclamados.
Con esta decisión, el recurso se consideró improcedente, eliminando el blindaje legal que ATAH pretendía para mantener su control casi exclusivo sobre la ruta.
La declaratoria de necesidad pública del servicio de transporte colectivo con itinerario fijo en el tramo carretero Apizaco-Tlaxcala fue emitida por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), sustentada en un estudio técnico de factibilidad y publicada en el Periódico Oficial del Estado en septiembre de 2024.
Este documento busca poner orden en una operación que, durante décadas, ha sido criticada por irregularidades como unidades antiguas (muchas con más de 10 años de antigüedad, contraviniendo normas), placas irregulares o sobrepuestas, condiciones precarias de las unidades, frecuentes accidentes y tarifas liberadas que impactan directamente la economía de los usuarios tlaxcaltecas.
Hasta el momento de la resolución judicial, ATAH operaba con normalidad en su base en la zona de Apizaco (calle Virgen de la Caridad y alrededores), sin interrupciones visibles ni movimientos inusuales de usuarios.
Periodistas locales como Yassir Zárate Méndez, de FM centro, intentaron obtener el posicionamiento oficial de la empresa tras el fallo, pero no se ha registrado una respuesta inmediata o declaración formal por parte de sus directivos.
Con la negativa del amparo, la SMyT podrá retomar el proceso de ordenamiento y regularización del servicio en la ruta.
Entre las expectativas de autoridades y usuarios destacan la emisión de nuevas concesiones (se menciona la posibilidad de hasta 60 concesiones distribuidas entre varias empresas), la incorporación de vehículos más modernos como minibuses con antigüedad máxima de 5 años, compactos, seguros y adecuados para movilidad urbana, la mejora en la calidad del servicio con mayor seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, unidades limpias y operadores capacitados, tarifas más competitivas y posibles reducciones al romperse el esquema de monopolio efectivo que permitía incrementos arbitrarios (actualmente alrededor de 26 pesos en trayectos locales, según reportes previos) y mayor libertad de elección para los miles de usuarios diarios que transitan entre Tlaxcala, Apizaco y puntos intermedios como Tizatlán, Santa Úrsula Zimatépec o San Matías Tepetomatitlán.
Esta ruta es considerada una de las más redituables del estado, con alta demanda por ser un corredor estratégico entre la capital y zonas conurbadas. Sin embargo, ha sido blanco constante de quejas por falta de competencia, inseguridad y mal servicio, incluyendo accidentes recurrentes que han generado desconfianza entre los pasajeros.
La SMyT ha señalado que avanzará en el ordenamiento una vez firme la resolución judicial, con el objetivo de garantizar derechos de los usuarios y acabar con décadas de irregularidades toleradas.
Quedan pendientes aspectos como el interés de nuevas empresas en participar, el proceso de licitación o asignación de concesiones (posible reubicación de algunas existentes) y el impacto en rutas modificadas por obras viales (como el distribuidor Santana o el puente a desnivel en Tizatlán).
Por su parte, ATAH podría interponer recursos adicionales, aunque el amparo ya fue desechado. Hasta ahora, no hay posicionamiento oficial de la empresa ni de la SMyT sobre los siguientes pasos inmediatos.
Este fallo representa un avance significativo hacia un transporte público más competitivo, seguro y accesible en Tlaxcala, rompiendo con un modelo que por años ha sido calificado como monopólico.
Los usuarios esperan mejoras concretas en el servicio diario, mientras las autoridades estatales insisten en que el proceso se llevará a cabo respetando la normatividad vigente y priorizando la protección de los derechos de la ciudadanía.
