- El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), prepara los ejes de la iniciativa. El desafío será garantizar tanto el derecho a la tecnología, como la protección frente al ciberacoso y el grooming. Especialistas advierten que se debe exigir responsabilidad a las plataformas digitales, no sólo a las familias.
La discusión sobre los efectos de las tecnologías digitales en niñas, niños y adolescentes escaló al centro de la agenda pública en México, a raíz del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar un debate nacional sobre el uso de redes sociales.
Entre foros, prohibiciones y modelos de negocios, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), encabezado por Lorena Villavicencio, prepara los ejes de una iniciativa orientada a replantear el marco normativo que rige el ecosistema digital en el país.
Con diagnósticos que apuntan a que el 90 % de la población infantil y adolescente ya habita de manera permanente en entornos digitales, el Estado mexicano enfrenta el desafío de garantizar tanto el derecho de acceso a la tecnología, como la protección estricta frente a riesgos crecientes entre los que se encuentran el ciberacoso, el grooming y otras violencias virtuales.
Por ello, el SIPINNA prepara una propuesta que planteará la regulación de los algoritmos adictivos, la tipificación de nuevas conductas lesivas y la alfabetización digital.
De acuerdo con especialistas, más que una visión prohibicionista y punitiva, lo que se requiere es un enfoque que considere las responsabilidades empresariales y las obligaciones del Estado para garantizar una protección real de las niñas, niños y adolescentes.
Los pilares de la propuesta de SIPINNA: más allá de los controles parentales
Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Sheinbaum anunció el inicio de un debate nacional sobre el uso de las redes sociales y el impacto que tienen en niñas, niños y adolescentes.
Acerca de estas conversaciones —cuyos resultados se presentarán a fin de año—, Lorena Villavicencio, titular de SIPINNA, explicó que se trata de espacios para escuchar las voces de especialistas, pero sobre todo, para que las personas menores de edad expresen sus puntos de vista “como sujetos de derechos”, para la conformación de políticas públicas que regulen los entornos digitales.
“Queremos que los niños que ya están ejerciendo el derecho al acceso a los medios digitales lo hagan en condiciones de seguridad”, por lo que será necesario “repensar la arquitectura de las plataformas, que son modelos sumamente adictivos que vulneran de alguna manera la autonomía de los propios niños en el uso del internet”.
A ello se sumará la promoción de la alfabetización no solo de niñas, niños y adolescentes, sino también de personas cuidadoras, personal docente, madres y padres de familia. Otro punto central será el reconocimiento legal de nuevas conductas violentas que se cometen en entornos digitales.
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“Finalmente, las redes son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad en general. Tenemos que trabajar en las violencias que se viven en el espacio real y en el espacio virtual”, afirmó Villavicencio.
Subrayó que las voces que participen en los foros serán incluidas en la iniciativa con la que buscarán “corresponsabilizar a las plataformas del uso que hacen niñas, niños y adolescentes”, ya que “al final son grandes negocios y tienen que garantizar el interés superior de la niñez“. Hasta ahora, la respuesta que las empresas han dado a las autoridades es que no son generadores de contenido.
Esta respuesta de las empresas ha generado una “preocupación mundial”, a la que se ha sumado México, ya que de acuerdo con la titular de SIPINNA, las autoridades han participado en reuniones con representantes de otros países para dialogar sobre la regulación de plataformas, con las que se conformará un observatorio que abone a la conformación de las políticas públicas en la materia.
La visión crítica de los especialistas: cuestionar al modelo de negocio, no a las familias
Para especialistas, responsabilizar a madres, padres o tutores por el tiempo que pasan los niñas, niños y jóvenes frente a las pantallas —o que la “alfabetización digital” resuelva por sí sola una crisis de salud mental— ignora la naturaleza del modelo de negocio de las grandes tecnológicas que invierten millones de dólares en ingeniería conductual para capturar y retener la atención de los usuarios.
Juan Martín Pérez, psicólogo especialista en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, remarcó que desde 2011 las Naciones Unidas reconocieron el acceso a internet como un derecho humano, con todo lo que implica, incluidas las “preocupaciones legítimas y con evidencia de los daños que puede ocasionar pasar mucho tiempo frente a las pantallas, o los contenidos de odio que se pueden encontrar en la red”.
Para el experto, “la industria es un negocio y prioriza su ganancia sobre la calidad de vida de las personas y sobre la salud, ante lo cual han tenido que entrar los Estados a hacer regulaciones”; sin embargo, apuntó que los países se han enfrentado a la complejidad de los entornos digitales “que no tienen un límite de frontera”.
Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) sostiene que ante la tensión entre el equilibrio de libertad de expresión y asociación y la protección de niñas, niños y adolescentes, “no se trata de elegir un derecho sobre otro, sino de reconocer que la infancia y adolescencia requieren una protección reforzada debido a su condición de vulnerabilidad”.
“En este sentido, la intervención del Estado puede estar justificada cuando busca prevenir daños reales y comprobables”, lo que de acuerdo con el análisis de la REDIM “debe ser proporcional y respetuoso de otros derechos fundamentales, evitando medidas excesivas que limiten injustificadamente el acceso a la información, la participación digital o la privacidad”.
La REDIM indicó que en México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la protección frente a la violencia digital; sin embargo, el marco jurídico vigente no contempla de manera específica ni operativa el acceso de la niñez y la adolescencia a redes sociales, ni establece obligaciones directas para las plataformas digitales, “un vacío que hoy se intenta llenar”.
CON INFORMACION DE ANIMAL POLITICO
