- Se prioriza la atención infantil y adolescente con tamizajes escolares al menos una vez por ciclo escolar en escuelas públicas y privadas
Con 18 votos a favor y cero en contra, el Congreso de Tlaxcala aprobó por unanimidad reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala.
El dictamen, elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la Comisión de Salud, busca fortalecer el marco de protección, prevención y atención de la salud mental, con un énfasis particular en la niñez y la adolescencia, y adecuarse a los estándares nacionales e internacionales.
Entre los principales cambios aprobados se encuentra: un enfoque en la infancia y adolescencia; se establece la obligación de realizar tamizajes de salud mental al menos una vez por ciclo escolar en los centros educativos públicos y privados, para la detección y canalización oportuna.
Se crean nuevos derechos específicos para niñas, niños y adolescentes con trastornos mentales, como continuar su educación, ser informados en lenguaje accesible, recibir tratamiento personalizado y ser atendidos por un profesional especializado; se propone integrar de manera gradual profesionales en salud mental infantil y juvenil en las escuelas.
El decreto modifica el artículo 2 para reconocer explícitamente el derecho al más alto nivel de salud mental sin discriminación, incluyendo motivos como preferencias sexuales, expresión de género, condición de discapacidad, situación migratoria, entre otros.
Se fortalecen las facultades de la Secretaría de Educación y se promueve la celebración de convenios con la Coordinación de Servicios Sociales de Instituciones de Educación Superior para que estudiantes de psicología y carreras afines realicen servicio social, prácticas profesionales y estadías en centros escolares, ofreciendo apoyo preventivo y de orientación.
Se reforma el Capítulo VII para que los protocolos prioritarios ya no se enfoquen únicamente en la pandemia por COVID-19, sino que se apliquen ante cualquier emergencia de salud pública o desastre natural, asegurando una respuesta más amplia y permanente.
Se estableció la obligación del Gobierno del Estado de presupuestar de manera progresiva los recursos necesarios para la prevención y atención integral, y se mandata la creación de “Villas de Transición” para casos agudos, conforme al Modelo Miguel Hidalgo de Atención.
En la exposición de motivos, se cita que sólo existe un Centro Integral de Salud Mental (CISAME), cuatro Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y únicamente 2 especialistas en psiquiatría para atender una demanda estimada que supera las 105mil consultas
