* Más de 21 mil registros serán revisados; paridad, deudores alimentarios, violencia de género y cuotas de inclusión estarán bajo la lupa del ITE.
La reforma electoral aprobada por unanimidad en el Congreso de Tlaxcala endurece las reglas para quienes busquen una candidatura en 2027 y modifica aspectos clave del registro electoral, la paridad de género, las acciones afirmativas y los tiempos de resolución. Así lo dio a conocer el diputado Silvano Garay Loredo, presidente de la Comisión de Procesos Electorales, quien destacó que el nuevo marco jurídico rompe con más de una década de rezago legislativo en materia electoral.
Uno de los principales retos será la revisión de aproximadamente 21 mil registros de candidaturas, en un escenario donde podrían participar hasta 12 partidos políticos. Para evitar que los aspirantes comiencen campañas sin tener certeza sobre la validez de sus postulaciones, el plazo para resolver los registros aumentó de ocho a 12 días. Garay Loredo señaló que anteriormente hubo casos en los que las candidaturas fueron aprobadas cuando las campañas ya habían comenzado, reduciendo de manera considerable el tiempo efectivo de competencia.
La nueva legislación establece además candados constitucionales para impedir determinadas candidaturas. Entre las restricciones se encuentran personas con sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género y quienes tengan la calidad de deudores alimentarios morosos, además de otros supuestos establecidos en el artículo 38 de la Constitución. Estos criterios deberán quedar acreditados durante el proceso de registro antes de que una candidatura pueda ser validada.
La paridad de género será obligatoria y no una decisión discrecional de los partidos. Para los 60 municipios se contempla una distribución de 30 candidaturas para hombres y 30 para mujeres. El incumplimiento de este principio podrá impedir la validación de los registros, con lo que el Congreso busca convertir la paridad en una condición efectiva para competir y avanzar en el cumplimiento de la deuda histórica de participación política de las mujeres.
La reforma también eleva la exigencia para las acciones afirmativas destinadas a grupos históricamente excluidos. Se contemplan espacios para pueblos originarios, jóvenes, personas LGBTQI+ y personas con discapacidad. La autoridad electoral deberá revisar que quienes sean postulados bajo estas cuotas realmente acrediten la pertenencia al grupo que representan, con el propósito de evitar simulaciones en la integración de las candidaturas.
Otro cambio elimina la retención de la credencial de elector original de los candidatos. El documento únicamente será presentado para cotejo y deberá permanecer en poder del ciudadano. Garay Loredo explicó que se habían registrado casos de extravío derivados de errores humanos durante los procedimientos administrativos, situación que podía dejar a los propios candidatos sin identificación oficial para ejercer su derecho al voto.
La reforma fue construida mediante siete mesas ciudadanas, con participación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, INE, ITE, Tribunal Electoral, especialistas y representantes de medios de comunicación y sociedad civil. Garay Loredo sostuvo que la comisión privilegió escuchar a los ciudadanos y que las propuestas que no alcanzaron consenso fueron enviadas a las instancias correspondientes para continuar su análisis. El dictamen finalmente fue aprobado por unanimidad con 24 votos de los diputados presentes.
Con la aprobación de esta reforma, Tlaxcala entra en una nueva etapa de preparación electoral rumbo a 2027. El proceso comenzará oficialmente el primer domingo de diciembre y la Comisión de Procesos Electorales mantendrá pendientes otros temas para futuras modificaciones. Garay Loredo sostuvo que esta reforma representa el primer paso para construir un nuevo andamiaje electoral, con mayor orden, certeza jurídica y controles sobre quienes pretendan competir por un cargo de elección popular.
