- El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala entregó su informe de labores al Congreso del Estado
En el marco de la entrega de su Informe Anual de Actividades 2025, la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, presidenta del Poder Judicial del Estado, afirmó que la recuperación de la confianza ciudadana es una prioridad central para el tribunal.
Tras reconocer que la institución, como otros poderes, ha enfrentado desafíos de imagen y credibilidad, pidió un voto de confianza a la población para demostrar con resultados su compromiso con la impartición de justicia.
Durante la presentación del documento, realizado en el Salón Verde del Congreso del Estado, la magistrada admitió que corresponde al Poder Judicial “demostrar que esta nueva configuración puede funcionar y funcionar bien”.
Como parte de los avances presentados, destacó la creación de tres nuevas figuras judiciales orientadas a descentralizar y especializar el servicio:
Un Juzgado Familiar Especializado en Asuntos Urgentes para Mujeres, integrado al Centro de Justicia para Mujeres; un Juzgado Itinerante de Primera Instancia en materia civil y familiar, que recorre municipios alejados; una segunda unidad itinerante del Centro de Justicia Alternativa, para promover métodos alternativos de solución de controversias.
Estas medidas, explicó, buscan “llevar la justicia a cada rincón del Estado” y responder a la exigencia social de una justicia “más cercana a la gente”.
Amador Montes señaló que, aunque en 2025 se avanzó en la construcción de un complejo de 16 salas de oralidad, el 2026 será fundamental para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que calificó como una revolución procesal que exigirá capacitación, uniformidad y trabajo coordinado.
En el evento, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Maribel León Cruz, destacó que el informe “no es un mero requisito normativo, sino una oportunidad para evaluar lo logrado e identificar áreas de mejora”, al tiempo que reafirmó el respeto del Legislativo a la independencia judicial y la disposición para una coordinación que haga la justicia accesible, pronta y completa.
