Luego de ser ratificada por la mayoría de las legislaturas locales, la Presidencia de la República emitió el decreto con el que se concreta la reciente reforma constitucional en materia de extorsión, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre ese delito. En el documento publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció un plazo de 180 días para que el Legislativo apruebe una ley general sobre la materia.
Durante la discusión de la iniciativa en el Senado enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, se expuso que el objetivo es definir un tipo penal para la extorsión que será homogéneo en todo el país, así como para sus agravantes y sus sanciones, con el propósito de crear mecanismos para combatir ese delito y evitar una fragmentación jurídica que afecte la procuración e impartición de justicia.
Tras enviar la propuesta hace tres meses, la jefa del Ejecutivo federal detalló que los ajustes legislativos permitirán que las autoridades persigan de oficio estos casos, y recalcó que la medida forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La reforma obligará a todas las entidades a legislar en ese mismo sentido.
El pasado 30 de septiembre, el Senado formuló la declaratoria de reforma constitucional después de su aprobación, hasta ese momento, por 22 legislaturas estatales.
