El pasado 4 de abril de 2025 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el Protocolo de Actuación para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros.
Este protocolo, promovido por la Secretaría de Gobierno (SEGOB), establece los lineamientos y procedimientos a seguir en caso de que alguna persona dedicada a la defensa de derechos humanos o al ejercicio periodístico solicite protección ante situaciones de riesgo relacionadas con su labor.
En el documento, el gobierno estatal reconoce la existencia de prejuicios, estereotipos y formas de discriminación hacia estos sectores. Sin embargo, omite señalar que en muchos casos los agresores son servidores públicos, una problemática ampliamente documentada por organismos nacionales e internacionales.
Pese a que México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, la mandataria estatal aseguró que “el estado de Tlaxcala se mantiene como uno de los más seguros para ejercer el periodismo, así como la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Cabe recordar que desde el 25 de junio de 2012 existe a nivel nacional la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la cual surgió el Mecanismo de Protección actualmente en operación. Este mecanismo brinda medidas de protección a 15 personas en el país, mientras que a nivel estatal se atiende a 27 personas.
El nuevo protocolo tiene como finalidad establecer una ruta clara de atención ante solicitudes de protección, y contempla una evaluación inicial para determinar el nivel de riesgo, así como la canalización interinstitucional correspondiente.
Es importante destacar que, desde 2022, Tlaxcala cuenta con la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dirigida por Víctor Manuel Ávila García. Esta instancia será clave en la aplicación del nuevo protocolo.
Finalmente, el documento establece que se captarán datos personales de las personas solicitantes para proceder con el análisis y la implementación de medidas, asegurando que se brinde atención integral a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad por su labor.
