- La iniciativa establece que quien ocupe el cargo tenga una residencia mínima de cuando menos tres años anteriores al día de su designación
El diputado local morenista Miguel Ángel Caballero Yonca propuso este martes diversas reformas a la Constitución Política local, a través de las cuales busca abrir los requisitos para que cualquier persona pueda ser titular de la Secretaría de Gobierno, entre éstos no haber nacido en Tlaxcala.
La propuesta es que la persona titular de la Secretaría de Gobierno sea de nacionalidad mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y con una residencia, domicilio o vecindad, “de cuando menos tres años anteriores al día de la designación”.
Cabe recordar que la Constitución Política local establece actualmente que, para ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobierno, se debe, entre otros requisitos, ser mexicano por nacimiento y tlaxcalteca en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima en el Estado de siete años anteriores al día de la designación.
Entre los argumentos utilizados por el legislador, destaca el hecho de que la Constitución Política prevé requisitos que se definieron en un momento y circunstancia histórica diferentes a la actual, además de que el requisito de nacimiento en territorio estatal “limita de manera injustificada y desproporcionada el derecho de otras personas a ocupar ese cargo público, vulnerando el principio de igualdad de derechos ante la ley”.
Puntualizó: “Es claro que la distinción del requisito de ser originario o nativo para estar en posibilidades de ser designado secretaria o secretario de Gobierno del Estado restringe de manera irrazonable el derecho de acceso de quienes no tienen una cualidad que no depende de ellos, lo que resulta a todas luces una condición discriminatoria”.
Además, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió, en su oportunidad, que todos los ciudadanos tienen el derecho fundamental a ser designados para cualquier cargo público, dado su derecho humano a participar de manera activa o pasiva de los asuntos de interés público.
Asimismo, subrayó que toda entidad federativa “tiene el derecho de configurar normativamente su marco jurídico, pero siempre que las condiciones que establezca sean razonables y no discriminatorias, como aquellas que se refieren a cualidades inherentes a la persona”. Propone que quienes ocupen magistraturas tengan un haber de retiro.
Por otra parte, Caballero Yonca también propuso reformas a la Constitución para establecer el derecho a un haber de retiro, no sólo a quienes ocupan las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), sino también en los rubros de naturaleza administrativa, una vez que concluyan su respectivo periodo.
“Al finalizar, las y los magistrados de los Tribunales Superior de Justicia, de Conciliación y Arbitraje y Electoral, todos del Estado de Tlaxcala, tendrán derecho a un haber de retiro y no podrán ejercer actos de representación legal o litigio, en aquellos temas relacionados con su función”, establece la iniciativa de reforma constitucional.
Al mismo tiempo, propone un candado para que ninguna magistrada o magistrado dure en su encargo un periodo mayor a 12 años.
Elegiría Congreso del Estado a contralor interno del OFS
En otro tema, dentro de su iniciativa Caballero Yonca busca establecer que la designación de la persona titular de la Contraloría Interna del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Estado de Tlaxcala, la lleve a cabo el Pleno del Congreso local con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
Finalmente, el diputado morenista propuso en su iniciativa que “el informe del estado que guarda la administración pública de la Entidad se remita al Congreso no solo por medios físicos sino digitales, en congruencia con las políticas de austeridad, de ahorro de insumos y para una mayor difusión y facilidad de análisis de sus contenidos, siendo coadyuvantes de un correcto y puntual mecanismo de rendición de cuentas”.
El informe, precisó, deberá ocurrir dentro de los primero cinco días del mes de diciembre, como hasta hoy lo establece la Constitución.
