- El funcionario calificó la situación de “violatoria de la dignidad humana” y anuncia que abordará el tema con el rector Lenin Calva
El secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, se comprometió a revisar de manera inmediata una denuncia sobre trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) que perciben menos de un salario mínimo por jornada laboral, situación que calificó como inaceptable y contraria a la dignidad humana.
Las denuncia se produjo en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, al hacer público que las trabajadoras reciben apenas el 90% del salario mínimo por jornada de trabajo de 8 horas, que en la práctica en ocasiones rebasa incluso las 12 horas de trabajo
Meneses Hernández reconoció su desconocimiento previo del asunto, pero fue enfático en su postura: “No la conocía, pero no lo dudo. Hay que atenderlo; no lo podremos permitir… es violatorio de la dignidad humana, no solamente el tema de la Ley Federal del Trabajo”.
El secretario, contrastó la situación denunciada con los objetivos de su administración: “Si nosotros lo que queremos es exactamente lo contrario: queremos reducir las jornadas y aumentar los salarios”.
Enmarcó que la respuesta esperada en los principios de un gobierno que se define como de izquierda y humanista: “Lo primero que piensa es poner en el centro el bienestar de las personas, y tiene que poner en el centro el bienestar de las personas que trabajan para el propio gobierno”.
En relación a las declaraciones del rector de la UTT, Lenin Calva Pérez, quien previamente se había referido a estas complicaciones laborales como “bemoles”. El secretario afirmó: “No, pues voy a hablar con él, no lo sabía, que bueno que me lo mencionas. Voy a revisar ese tema”. Aclaró, no obstante, que su intención no es una “controversia pública” con el rector, sino atender el fondo del problema.
El compromiso del secretario de Educación abre la expectativa de una investigación interna en la UTT para verificar las condiciones salariales denunciadas y, de confirmarse, emprender las acciones correctivas necesarias para garantizar que ningún trabajador de la institución reciba una remuneración por debajo del mínimo legal.
