La magistrada titular de la Tercera Ponencia de la Sala Penal llamó a los ayuntamientos a traducir las reformas en decisiones, presupuestos y acciones concretas
En la Primera Etapa de la Jornada de Difusión y Sensibilización sobre las reformas a la Ley de Asistencia Social y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la magistrada titular de la Tercera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas, impartió la ponencia “La importancia de las Presidencias Municipales en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
La magistrada señaló que niñas, niños y adolescentes, junto con otros sectores como personas en situación de pobreza, comunidad LGBTIQ+, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos, por lo que se requieren medidas para reducir las desigualdades y garantizar una protección efectiva.
Subrayó que la protección de la niñez es una responsabilidad prioritaria del Estado y un compromiso permanente de todas las autoridades, en particular de los gobiernos municipales, por ser el primer contacto entre la población y las instituciones públicas. Garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos, dijo, no solo es una obligación jurídica, sino también un compromiso ético y social.
Ello no excluye la protección especial que requieren, pues por su desarrollo físico, mental y emocional son especialmente vulnerables frente al abuso, la explotación y la violencia. Por eso deben adoptarse medidas para garantizar su seguridad, bienestar y desarrollo integral.}
Destacó que el interés superior de la niñez debe orientar toda decisión y política pública que les involucre. Actuar conforme a ese principio, dijo, exige escuchar sin una mirada adultocéntrica y reconocer su capacidad de participar, pues su opinión permite construir respuestas que realmente atiendan sus necesidades.
El municipio como primer nivel de protección
La Ley estatal, explicó, establece las bases del sistema de protección integral y define responsabilidades estatales y municipales. Las Procuradurías de Protección tienen una función esencial en la protección y restitución de derechos.
Por ello, las autoridades deben conocer sus atribuciones y obligaciones, pues lo que se decide, se posterga u omite tiene consecuencias directas en el bienestar de la niñez. La capacitación, la difusión y la sensibilización, concluyó, son indispensables para que la protección de sus derechos sea una prioridad transversal y una responsabilidad compartida.
Con esta primera etapa, el Poder Judicial y el SEDIF refrendaron su compromiso de llevar la difusión a las demás regiones del estado, para fortalecer la protección integral en cada municipio.
