* Uno de los aspirantes impugnó insconstitucionalidad de reformas sobre requisitos para elegir nuevo auditor superior.
A través del juicio 1534/2023-J, Severo Nava Acoltzi, uno de los aspirantes a ser auditor superior de fiscalización, promovió un juicio de amparo en contra del Congreso local y de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en el que impugna la presunta inconstitucionalidad de la reforma a la Constitución Política local realizada por la actual Legislatura local que modificó los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo del titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Nava Acoltzi, quien en la pasada legislatura se desempeñó como secretario técnico en el Congreso del Estado, promovió el amparo en contra de la gobernadora por la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de la reforma constitucional que modificó los requisitos para ocupar la titularidad del OFS.
Esta es la más reciente impugnación al proceso de selección del auditor superior del estado, después de que la justicia federal admitió a trámite un amparo a Said Corona Torres sobre el mismo proceso de selección del nuevo auditor superior, dentro del expediente 1551/2023.
En el caso de Severo Nava Acoltzi, fue impugnada la reforma realizada al artículo 106, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, refrente a los requisitos para ocupar el cargo de auditor superior.
En lo referente a los actos del Congreso local, la impugnación fue en lo referente a la aprobación que hizo la Junta de Coordinación y Concertación Política de la convocatoria que reguló el procedimiento de selección y designación del titular del OFS, señaladamente por no fundar y motivar el acuerdo por el cual fue descalificado del proceso de elección.
Cabe recordar que Nava Acoltzi fue uno de los 40 profesionales registrados en el proceso para ocupar el cargo de auditor superior, pero quedó fuera del proceso por incumplir con uno o algunos de los requisitos establecidos en la convocatoria aprobada por el Congreso del Estado, según la Junta de Coordinación y Concertación Política de la Cámara de Diputados.
La audiencia para determinar la procedencia o no del amparo será el próximo 1 de diciembre de este mismo año, para lo cual los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán presentar pruebas sobre sus actos.
