Un juez de control vinculó a proceso a J. Carmen N., y Rosenda N., expresidente y extesorera municipal de Xaloztoc, por el delito de peculado, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Los hechos por los que fueron vinculados a proceso se registraron en el ejercicio fiscal 2016 cuando los acusados distrajeron recursos públicos, lo que ocasionó un detrimento patrimonial al municipio de Xaloztoc.
Por ello, el representante del fuero común de la Fiscalía inició la carpeta de investigación y en la audiencia correspondiente presentó los datos de prueba ante el juez de la causa, quien determinó que eran suficientes y los vinculó a proceso, además otorgó el plazo de un mes para el cierre de la investigación.
En septiembre de 2017, el pleno del Congreso local reprobó la cuenta pública correspondiente nada más al último trimestre de 2016 del ayuntamiento de Xaloztoc, lo mismo que las de otras 27 administraciones municipales.
La no aprobación de los estados financieros de la administración encabezada en ese entonces por J. Carmen N., fue porque el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó un posible daño patrimonial de 9 millones 543 mil 095.11 pesos, solo entre los meses de octubre a diciembre del año referido.
En una nota publicada por el periodista Juan Luis Cruz, a propósito de esos casos, el entonces dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, respaldó esas decisiones porque “es un gran mensaje que se da a la sociedad tlaxcalteca que la reprobación de las cuentas públicas haya sido con criterios meramente técnicos, es también plausible que en conjunto la Legislatura haya quitado cualquier sesgo, cualquier tela de duda en torno a acuerdos subrepticios, oscuros o políticos en torno a la aprobación de las cuentas”.
El 24 de octubre de 2016, el entonces presidente de comunidad de la primera sección del municipio de Xaloztoc, Pablo Sánchez Luna, acusó ante el Congreso local a J. Carmen N., por “una serie de inconsistencias” en el manejo del erario.
Pero los problemas para el exalcalde no solo correspondieron a 2016, ya que de acuerdo con documentos del OFS, ya desde 2015 propuso al pleno del Poder Legislativo la no aprobación de la cuenta pública de ese año, debido a que detectó un posible daño patrimonial por 13 millones 646 mil 025.46 pesos.
Las irregularidades en ese entonces detectadas fueron las siguientes: falta de documentación comprobatoria y justificativa por 3 millones 334 mil 643.93 pesos; gastos a comprobar, por 585 mil 592.77 pesos; responsabilidad de servidores públicos, por 2 millones 686 mil 116.12 pesos; y pagos improcedentes o en exceso, por $4 millones 486 mil 457.77, entre otros.
CON INFORMACIÓN DE: FABIÁN ROBLES/FARO TLAX
