* “No sería responsable dictaminar para crear esa Fiscalía, sin que hubiera coordinación entre Poderes”, reconoce la legisladora morenista.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, Reyna Flor Báez Lozano, justificó como “un asunto de coordinación” entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la no creación en Tlaxcala de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en sustitución de la Procuraduría, actualmente encabezada por Ernestina Carro Roldán.
“Aunque hay una iniciativa pendiente de dictaminar turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, ese es un asunto de coordinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, por ello es que desde la Legislatura anterior no se implementó esa medida. Crear la Fiscalía, dotada de autonomía, implicaría extinguir formalmente la Procuraduría General de Justicia, lo que conlleva a reestructurar la administración pública estatal”, señaló.
Cabe recordar que existen al menos seis iniciativas presentadas desde el año 2020 ante el Congreso local, sin que hasta el momento se haya dictaminado sobre alguna de ellas. Tales iniciativas coinciden en quitar al Ejecutivo el control del ejercicio de la justicia, de hecho, es una de las poco instituciones procuradoras de justicia del país que no cuentan con autonomía.
De hecho, Tlaxcala es una de las 8 entidades del país cuya institución pública encargada de la procuración de justicia no es calificada como órgano autónomo, debido, entre otros factores, a que no se ha creado una Fiscalía en sustitución de la PGJE, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJE-F) 2023 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Junto con Tlaxcala, los estados de Campeche, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco y Yucatán también no cuentan con órganos autónomos.
Desde el año 2018, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Constitución Política federal, en la que instituyó la Fiscalía General de la República y ordenó a los Congresos locales de las 32 entidades federativas también llevar a cabo las reformas locales para dotar de autonomía a las Procuradurías.
Báez Lozano sostuvo que “no sería responsable dictaminar para crear esa Fiscalía, extinguiendo la Procuraduría, sin que hubiera coordinación entre los poderes públicos. Por lo tanto, en ese asunto la Comisión (de Puntos Constitucionales) está supeditada a esa coordinación entre Poderes”, indicó.