- Más de 40 colectivos exigen frenar megaproyectos, aplicar el Acuerdo de Escazú y atender la crisis sanitaria de la Cuenca del Alto Atoyac
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, más de 40 organizaciones, colectivos y grupos de pastoral social de Tlaxcala emitieron un pronunciamiento en el que acusan al gobierno estatal de “profundizar la devastación socioambiental” del territorio mediante políticas de industrialización, urbanización desordenada y turismo depredador.
Las organizaciones señalan que el gobierno estatal ha violentado el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, al imponer proyectos como la Ciudad Administrativa, la Ciudad de la Juventud, la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, y el Libramiento de Calpulalpan, sin mecanismos de participación ciudadana ni evaluaciones ambientales integrales.
“Estos proyectos son una franca imposición aspiracionista de estilos de vida que chocan con la ruralidad y bioculturalidad de nuestros pueblos”, sostiene el pronunciamiento.
El documento, firmado por colectivos entre ellas la Coordinadora por un Atoyac con Vida, el Centro Fray Julián Garcés, Salvemos al Parque de la Juventud y la Colectiva Ecofeministlax, denuncia la violación sistemática de derechos ambientales, territoriales y a la salud.
Uno de los ejes centrales del posicionamiento es la “grave situación de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA), declarada desde el sexenio pasado como “Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental.
Las organizaciones critican que las acciones gubernamentales como: recolección de basura, reforestación y plantas de tratamiento, sean indiscutiblemente insuficientes.
Señalan que en los ríos Atoyac y Zahuapan se han detectado más de 100 sustancias tóxicas industriales, vinculadas a tasas elevadas de cáncer, daño renal crónico y otras enfermedades que superan el promedio nacional.
“La no regulación de las emisiones industriales mantiene la tendencia de aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, generando mayor sufrimiento y muerte”, advierten.
El documento alerta sobre los procesos de gentrificación impulsados por desarrollos inmobiliarios que encarecen la tierra, desplazan la agricultura tradicional y rompen el tejido social.
Asimismo, critican la turistificación de pueblos mágicos y el centro histórico de Tlaxcala, donde, afirman, se ha despojado a artesanos de sus espacios en nombre de un turismo que sólo beneficia a hoteleros y restauranteros.
Entre las principales exigencias al gobierno estatal se encuentran:
- Frenar la política económica basada en el crecimiento industrial y el despojo, y poner al centro el principio Pro Persona y Pro Natura.
- Codiseñar políticas públicas integrales para la CAA que prioricen la regulación de emisiones tóxicas y la atención digna a las víctimas.
- Aplicar el modelo “Basura Cero” en lugar del parque de economía circular.
- Cancelar el Libramiento de Calpulalpan y la Ciudad de la Juventud.
- Respetar el Acuerdo de Escazú y la autonomía de los Comités Comunitarios de Agua.
