Sin consecuencia alguna para el panista Pablo Badillo Sánchez ni tampoco para quien su momento estuvo al frente de la Dirección de Seguridad Pública, este lunes el alcalde morenista Javier Rivera Bonilla, en nombre del ayuntamiento de Apizaco, ofreció una disculpa pública a familiares de quienes fueron víctimas de actos vejatorios por parte de policías municipales en tres hechos distintos.
En presencia de la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer, el presidente municipal cumplió parte de lo previsto en tres recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) en contra de violaciones cometidas por personas servidoras públicas de la pasada administración municipal.
Las disculpas se dieron en seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 3/ 2022, 5/2024 y 6/2024, de fecha 15 de junio de 2022, y 20 y 21 de mayo de 2024, respectivamente, emitidas por la CEDHT y todas dirigidas a Pablo Badillo y a quien entonces fungía director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, “por actos irregulares de servidores públicos que formaron parte de la administración pasada 2021-2024”.
Según el organismo autónomo “esos actos fueron debidamente investigados y documentados” a través de los expedientes de queja que se substanciaron con los números CEDHT/CVG/01/0122, 03/2023/SVG-RN y APIZ/74/2023/SVG-RN
En el primero de los casos la recomendación 03/2022 fue emitida el pasado 28 de junio de 2022, derivada de la muerte -el 3 de enero de ese año- de una mujer en los separos de la policía municipal, después de que fue detenida por policías municipales y señalada como presunta responsable de robo dentro de una sucursal de Farmacias del Ahorro.
En ese documento fueron señalados seis policías municipales como responsables del deceso de esa mujer, quien supuestamente se quitó la vida valiéndose de unas agujetas.
La recomendación consta de siete puntos, entre los que se pide la reparación integral del daño a familiares de la víctima y que el ayuntamiento coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la substanciación y conclusión que conforme a derecho corresponda respecto de la carpeta de investigación C.I. A.I. APIZ-2/18/2021, para que se finquen las responsabilidades penales a que haya lugar.
La recomendación 05/2024 -en la que están involucrados, por acción u omisión, al menos seis uniformados- está relacionada con hechos ocurridos el 3 de octubre de 2023, cuando en calles de la colonia San Martín de Porres fue detenido un hombre que portaba arma blanca por alterar el orden de manera agresiva.
Según las investigaciones de la CEDHT, el presunto responsable fue sometido, maniatado y golpeado en repetidas ocasiones por policías municipales de Apizaco.
La detención fue a las 07:30 horas de la mañana, aunque la presentación del juez municipal se dio hasta las 09:38 horas de ese mismo día, y a las 13:50 horas fue puesto en libertad, tras pagar 4 mil 300 pesos por concepto de reparación de daño a una patrulla municipal, y mil pesos también “para reparar el daño” por las lesiones que supuestamente causó a “cada policía” cuyos nombres no se refieren en la investigación.
La recomendación 06/2024 está relacionada con hechos suscitados el 13 de diciembre de 2023, cuando un policía municipal irrumpió en presunto estado de ebriedad en un taller ubicado en el bulevard Francisco I. Madero de la ciudad de Apizaco, donde accionó su arma de cargo e hirió en la cabeza a un hombre, quien terminó por perder la vida.
El uniformado fue detenido por integrantes de la misma corporación municipal y puesto a disposición de las autoridades competentes para el desahogo del proceso respectivo.
La presidenta de la CEDHT mencionó que, tras las investigaciones correspondientes a esos tres hechos, los servidores públicos aludidos en las recomendaciones “fueron responsables de violaciones a derechos humanos, por extralimitarse en sus funciones, incurriendo en diversas conductas arbitrarias que desembocaron en violaciones al derecho humano a la vida, a la legalidad, a la seguridad jurídica y respeto a la integridad y seguridad personal”.
Precisó que, no obstante que los hechos se suscitaron en la administración anterior, en cumplimiento a las obligaciones del Estado, en materia de derechos humanos, es que se emitieron dichas recomendaciones, “precisando lo relativo al reconocimiento de las víctimas directas e indirectas por violaciones a los derechos humanos y a la reparación integral del daño, atendiendo a las garantías de rehabilitación, compensación, satisfacción y la no repetición”.
Ordóñez Brasdefer añadió que la actual autoridad municipal, como representante del poder público, “en este acto reconoce su responsabilidad y con ello condena los actos cometidos y establece su compromiso de no repetición de violaciones a derechos humanos para avanzar en el reconocimiento de estos”.
Precisó que el cumplimiento de las recomendaciones corresponde a quien represente a la autoridad, por lo que reconoció la voluntad del presidente municipal en funciones, Javier Rivera Bonilla, y el compromiso de dar cumplimiento a su deber y reconocer la responsabilidad del ayuntamiento a través del acto de disculpa pública, por lo que debe dar continuidad al cumplimiento y, en su caso, proceder a la reparación del daño.
Señaló que “la disculpa pública busca restaurar, en la medida de lo posible, la dignidad y los derechos de las víctimas, porque es lo justo y lo merecido, cuya finalidad es la justicia para las víctimas y para que en casos similares futuros se garantice la justicia para que sea la garantía de justicia y que esto no se repitan actos violatorios”.
Por su parte, las víctimas indirectas que presenciaron la disculpa por parte del alcalde, agradecieron que se haya cumplido este punto de las recomendaciones y, en voz de una de ellas, pidieron la reparación de los daños y el cumplimiento de todos los puntos recomendatorios.
Mientras que el alcalde morenista se comprometió a restaurar el daño, cumplir los puntos recomendatorios de las recomendaciones y a que en su administración se garantiza el respeto a los derechos humanos.