Cuando la FGR detuvo al exgobernador panista Ernesto Ruffo hace unas semanas, el PAN se apresuró a denunciar una supuesta “persecución política”. Hoy, la investigación continúa avanzando y ya son nueve las personas detenidas en el mismo caso. La última, Guadalupe “N” apoderada legal de la empresa INGEMAR, vinculada al tráfico ilegal de combustibles, es decir, al huachicol fiscal. Las investigaciones siguen fortaleciéndose y deviniendo en detenciones judiciales de toda la red.
No se investiga a una única persona. Sino al esquema de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México, con aproximadamente 4 mil 238 operaciones bajo investigación, y a sus integrantes. Tan así que hoy se cuenta con 25 órdenes de aprehensión y un posible daño a nuestro país superior a 4 mil millones de pesos.
Cada nueva detención debilita el discurso de la “persecución política”. La responsabilidad de cada involucrado la determinarán los jueces, pero el PAN debería explicar por qué, frente a una investigación de esta magnitud, su primera reacción fue defender a Ruffo aun cuando desde sus propias filas había voces que lo acusaban por vínculos con el crimen organizado.
En el PAN ya deberían haber aprendido la lección. Durante sus gobiernos, Genaro García Luna llegó a encabezar la seguridad pública del país y hoy está condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, en específico por el vínculo con el Cártel de Sinaloa. Después de esa experiencia, lo mínimo sería para el PAN no volver a descalificar investigaciones ni poner las manos al fuego por los suyos antes de que la justicia determine responsabilidades.
México ya pagó demasiado caro que las lealtades políticas estuvieran por encima de las instituciones.
Que la Fiscalía investigue y que los jueces decidan, nadie ni nada por encima de la ley.
