- Entre marzo y junio, seis mujeres fallecieron en circunstancias no aclaradas dentro del penal femenil de Santa Martha Acatitla. El caso de Diana Laura, quien estaba a días de obtener su libertad anticipada tras sufrir violencia y abstinencia, evidencia la falta de atención a la salud mental, omisiones de las custodias y la negligencia sistemática de las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México.
El jueves 11 de junio, Diana Laura recibió la visita de su esposo, quien le dio la noticia de su próxima liberación. Alrededor de las 15 horas, la reclusa de 36 años volvió a subir al módulo A, estancia 1, de la prisión femenil de Santa Martha Acatitla.
El “módulo”, como le llaman, está conformado por una serie de celdas, una tras otra, completamente cerradas, donde el encierro se vive en soledad. Es el lugar más recóndito de Santa Martha: varias rejas con gruesos candados, que solo pueden abrir las custodias, resguardan el pasillo que conduce a esa zona. Casi no hay actividades: algunas internas están ahí como castigo o por distintos motivos para separarlas de la población general.
Con una hija de casi 15 años esperándola fuera, Diana Laura llevaba cuatro años en prisión por robo agravado. Aunque su sentencia de cinco años y ocho meses se cumpliría en septiembre de 2027, recibió un beneficio de libertad anticipada que se haría efectivo en cuestión de días o un par de semanas a lo más.
Sin embargo, el plazo no se cumplió. El viernes 12 la encontraron sin vida dentro de su estancia. En los días previos a su muerte, sucedió mucho más que el anuncio de su futura libertad.
Desde mucho antes separada de la población general, en un módulo diferente, Diana Laura sufrió violencia sexual y fue despojada de sus pertenencias por otras dos internas. Junto a una compañera denunció lo ocurrido. La cambiaron de módulo, pero no hubo ninguna consecuencia para las responsables. Al mismo tiempo, enfrentaba una fuerte abstinencia por consumo de piedra.
De la visita de su esposo aquel jueves, regresó mal emocionalmente. Se sentía muy deprimida y sus compañeras la recuerdan con una ansiedad brutal. Previamente, ella misma había pedido que la encerraran con candado por el miedo que tenía. Ese día no quiso hacer nada. Se quedó “hecha bolita” en su cama.
En la noche, las custodias no accedieron a que durmiera acompañada, como lo había hecho la noche anterior. A solas, una y otra vez pidió a gritos un cigarro. Su desesperación se escuchó hasta pasadas las 5 de la madrugada, y luego llegó el silencio. Poco después, cerca de las 7 de la mañana del viernes 12, la hallaron colgada de un cobertor en su estancia, sentada en el piso.
Su muerte, como la de otras cinco compañeras suyas, en los últimos tres meses, no ha sido esclarecida. La versión del sistema penitenciario sobre ella y una reclusa más es que se quitaron la vida. Afuera, hay quien lo pone en duda: les resulta difícil pensar que hubiera tomado esa decisión a tan poco tiempo de salir de Santa Martha Acatitla.
Quienes han vivido la cárcel de cerca saben que tampoco es imposible: entre la certeza de estar a unos días de recuperar la libertad y efectivamente recuperarla, pueden mediar múltiples hechos, temores, angustias, violencias, depresiones y ansiedades, como ocurrió en su caso.
Para sus compañeras, de cualquier forma las custodias no prestaron atención suficiente al estado de Diana Laura. Podrían haberla dejado dormir con alguien más, para que estuviera acompañada o, como medida extrema, engrilletarla. Los descuidos y la violencia al interior del reclusorio para muchas no son novedad.
Aun si se trató de un suicidio, las autoridades penitenciarias no se libran de una posible negligencia. Las afectaciones a su salud mental eran evidentes, así como la violencia que había vivido y se pudieron haber tomado medidas en lugar de ignorar el reporte de la situación, que hizo por lo menos una persona.
Entre el 12 de marzo y ese día de junio, fallecieron en circunstancias no aclaradas Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura. Tiempo atrás, en el transcurso del año anterior, ya se había conocido la muerte de Marlene, apodada “La Chola”, y la de Jocelyn, quienes fueron halladas colgadas. De las seis recientes, el sistema penitenciario afirma —sin que esté probado con toda certeza— que Rosa y Diana Laura se quitaron la vida y que las otras cuatro fallecieron por motivos de salud.
Por las muertes de los últimos tres meses, hay ahora una denuncia penal iniciada ante la fiscalía, además de seis quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuatro presentadas por personas peticionarias y dos iniciadas de oficio. A esta instancia se solicitó una entrevista para conocer los pasos siguientes, sin que haya dado respuesta hasta el cierre de esta publicación.
Drogas, violencia y extorsión, la cotidianeidad
Una de las teorías más extendidas entre las internas sobre el fallecimiento de aquellas compañeras sobre las que sospechan que pudieron haber sido asesinadas tiene que ver con las deudas que proliferan dentro, por robo de celulares o por venta de droga.
Varias señalan a Alexis S. —una reclusa acusada de homicidio con una sentencia que la mantendrá ahí de por vida y una adicción importante—, como una de las principales cobradoras de droga dentro del penal. Trabaja para Wendy M., a quien se ubica a cargo del negocio. El consumo es fuerte y descontrolado, con el cristal y la piedra como lo más recurrente y poco acceso a cocaína. Ese comercio conduce inevitablemente a una creciente violencia y extorsión.
De acuerdo con Olivia Garza, diputada panista de la capital que llevó los casos recientes a la instancia penal y de derechos humanos, en sus recorridos por las calles y colonias de Iztapalapa, donde se ubica el distrito al que representa, le empezaron a externar una problemática en torno al reclusorio de Santa Martha.
Se dio a la tarea de estar más atenta y escuchar a personas que le hablaron de lo que sucedía, específicamente de la pérdida de las últimas seis vidas en prácticamente tres meses, sin que su seguridad hubiera sido resguardada por el sistema penitenciario. “Es una cifra realmente alarmante… Son cosas que resultan extrañas y hemos acudido ya a las autoridades, primero a denunciar”, comenta.
La denuncia penal ante el Ministerio Público gira en torno, en gran medida, de la comandante Yessica López Avilés, encargada del área de seguridad y a quien las voces escuchadas por la legisladora vinculan a extorsión y otros delitos.
Por otro lado, Garza promovió una de las quejas ante el órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos en contra de la propia visitaduría de reclusorios, pues su tarea es fundamental y debería estar atenta a lo que pasa en el penal si lo recorre de manera cotidiana.
“Deberían estar haciendo o alertando de este tipo de situaciones, que se pueden evitar cuando hay un buen manejo. Afortunadamente, después de estas dos acciones jurídicas que emprendí de manera personal, creo que hubo eco por parte de la autoridad y vemos que ya presentó su renuncia Yessica”, señala.
La “jefa” de seguridad: un principio, no el final ni el fondo del problema
Lo que sucede en Santa Martha y Tepepan, los dos reclusorios femeniles de la Ciudad de México —las mujeres son alrededor de un 6 % de la población penitenciaria—, es sabido por quienes permanecen ahí y por las visitas frecuentes: pagos para todo, abuso de autoridad, venta de drogas. Las custodias también llegan a estar sobrepasadas y sin contención.
La vida en reclusión, además, de acuerdo con versiones de internas, es cada vez más cara. Se cobra por todo, afirman. Incluso a las visitas no las dejan en paz: en Santa Martha, la renta de mesas es cada día más alta, al igual que la extorsión a las familias pidiéndoles cantidades de dinero para no hacerle daño a la persona recluida, por parte de internas como Maribel y Gaby.
Por los hechos de Santa Martha, la primera renuncia que se anunció la semana pasada fue la de Yessica López Avilés, quien llevaba una larga trayectoria —de por lo menos 10 años— en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Conocía y era bien conocida en ambos reclusorios femeniles.
Sus primeros registros públicos disponibles como personal de confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana datan de 2017, cuando ya adscrita a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario como custodia, tenía una remuneración mensual neta de 7 mil 658 pesos.
Poco a poco fue escalando en el sistema: para 2023 aparece como custodia experta en reclusorios y centros penitenciarios, con un sueldo neto de 13 mil 377 pesos; y a partir de 2025 es registrada como subdirectora de seguridad de Santa Martha Acatitla, con una remuneración mensual neta de 30 mil 553 pesos.
Además de eso, se sabe que rotó entre los dos centros. Un primer periodo operó en Santa Martha, de donde fue removida por denuncias de extorsión y enviada a Tepepan como medida de “castigo” o rotación institucional, pero igual era jefa. De ahí se le conocía como la comandante Yessica.
Después, en los dos años previos a su salida, volvió a Santa Martha como subdirectora. Organizaciones y familiares han criticado que pese a sus antecedentes, las autoridades la hubieran regresado al mismo centro penitenciario.
Varios señalamientos hacia ella incluso se hicieron públicos desde 2024, pero tampoco eso impidió que apenas hace tres meses el Congreso de la Ciudad de México le otorgara la medalla al mérito policial, según consta en la transcripción y el registro fotográfico de la sesión del 14 de abril de 2026.
El 28 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México —que se encarga de los reclusorios capitalinos desde 2021, cuando dejaron de estar en manos de la Secretaría de Gobierno capitalina— anunció su renuncia, la cual había sido presentada desde el jueves 23, y agradeció sus 10 años de servicio.
Quienes han promovido las denuncias apuntan que la salida de “la jefa Yessica”, como se le conocía, es un inicio, pero ni de lejos va a terminar —o a empezar— a resolver lo que ocurre al interior de los reclusorios capitalinos, y que hoy afecta particularmente a las mujeres.
“Lo vemos bien porque, de entrada, se ve que el sistema penitenciario nos escuchó, pero esto es solo una acción. Debe seguir una serie de acciones: uno, se debe vigilar que el personal del sistema penitenciario actúe de una manera correcta. Aun cuando una mujer está privada de libertad, sus derechos humanos no por ese hecho se suspenden, y dos, el Estado debe garantizar la seguridad de las mujeres que viven al interior de un penal”, apunta Olivia Garza.
Califica como lamentable las muertes que se sucedieron una a otra recientemente, pero recuerda que no debe haber ninguna por una causa incierta. Añade que la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Saravia, le prometió una respuesta, que en el caso particular de la queja que ella presentó, tendrá que ser formal, por escrito.
Las mujeres en reclusorios de la CDMX: desigualdad, abandono y temor
Aunque son minoría, la vida para las mujeres al interior de reclusorios capitalinos tiene complejidades añadidas. El crecimiento del hacinamiento y los delitos son comunes a las prisiones de varones, pero ellas además enfrentan una desproporcionada situación de abandono: reciben muy poca visita.
En general, cuando entran en contacto con el sistema de justicia penal, este activa mecanismos que no reconocen sus condiciones de desigualdad, violencia y discriminación, sino que las criminalizan y envían a prisión. La organización EQUIS: Justicia para las mujeres ha documentado que entre 2020 y 2024 el encarcelamiento de mujeres aumentó más del 50 % en México.
“Los reclusorios femeniles enfrentan dificultades diferentes que los de varones, porque no hay visita, hay un abandono hacia las mujeres; eso de alguna manera ayuda a que no nos enteremos de qué está pasando al interior del penal, si no tienen visitas ni quien las defienda desde fuera… Por eso tenemos que estar más atentos de que el sistema penitenciario y los penales de mujeres garanticen sus derechos humanos… están en una situación de doble vulnerabilidad”, señala Garza.
Una de cada tres mujeres está en prisión tras aceptar un procedimiento abreviado, el 48 % de ellas bajo presión. El 90 % ingresa a un reclusorio sin sentencia, y pueden pasar años en el mismo estatus. Al interior, las desigualdades van desde la falta de acceso a la educación hasta las nulas posibilidades de reinserción: 6 de cada 10 consideran que haber estado privadas de la libertad afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral, por ejemplo.
Ellas lo saben bien. Las internas de Santa Martha aseguran que quieren salir, pero al mismo tiempo lidian con un gran miedo a lo desconocido, a ser rechazadas por la familia, a no tener a dónde llegar y a ser juzgadas en su entorno. Saben que no hay oportunidades, pero sí un estigma de por vida, lo que también contribuye al incremento de sus consumos por ansiedad y miedo.
Entre ellas hacen referencia a diversos desenlaces tras salidas sin preparación o contención: quien murió por sobredosis en condición de calle al poco tiempo, quien reincide para regresar, y quien después de 20 años en prisión, se quitó la vida afuera. Algunas comentan que al menos ahí tienen techo y comida segura, pero también mayores probabilidades de comprar sustancias cuando están en consumo, haciendo lo que sea, incluso prostituirse o cumplir “mandados” (agresiones).
En ese contexto, de las seis muertes señaladas, hasta ahora no hay plena certidumbre de cuáles fueron las causas: “no vamos a poder confirmar la información, porque al provenir del propio sistema penitenciario, de alguna manera nos dan la información que ellos quieren, no lo podremos confirmar. Nos parece extraño, las quejas son muchas y cada día llegan más en cuanto a que el sistema penitenciario hoy tiene muchas violaciones a los derechos humanos”, lamenta la diputada panista Olivia Garza.
