El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas, hoy Senador con fuero, aún enfrenta acusaciones de varios delitos y es investigado por la FGR y por la Fiscalía de Campeche por su pasado en aquella entidad.
Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas aún tiene pendiente un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados que determinará si le quita o le deja intacto el fuero, una protección que la bancada priista ayudó a mantener en el caso del Diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, una votación que ha generado cuestionamiento de un pacto de impunidad que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Desde el inicio de la Legislatura el Diputado Hugo Erik Flores, que preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, ha hablado de reactivar el caso contra el dirigente del PRI, aunque en los hechos el caso ha permanecido congelado.
De hecho, en los últimos días una figura muy cercana al líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sus tiempos como Gobernador de Campeche, fue detenida acusada de desvío de recursos, lo que ha puesto los focos en la gestión de Moreno Cárdenas y en las acusaciones en su contra.
Se trata de Walter Olivera Valladares, vocero durante el Gobierno estatal de “Alito”, detenido el domingo en Mérida durante un operativo, en el que colaboraron las Fiscalías de Yucatán y Campeche, por los delitos de posible peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades.
Olivera Valladares, yerno de Carlos Miguel Aysa González, el exgobernador suplente de “Alito”, es acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) de haber desviado 16 millones de pesos en publicidad gubernamental.
Olivera Valladares es indagado por tener un departamento en el Club Campestre de Mérida; así como un departamento en una exclusiva zona en Cancún, Quintana Roo, y una mansión en un fraccionamiento exclusivo en Campeche llamado Campeche Hills, ubicado a dos kilómetros de donde tenía su residencia el ahora líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y donde también residía su suegro Carlos Miguel Aysa González.
Las acusaciones contra “Alito”
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Desde 2022, la FGR ha girado oficios a dependencias del Gobierno federal para que, “con carácter RESERVADO y URGENTE” (sic), le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas en el periodo de 2015 a 2020, según documentos obtenidos por SinEmbargo.
Se trata prácticamente del periodo en el que Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, se desempeñó como Gobernador de Campeche –aunque en 2020 ya presidía el PRI–, cuya actual Fiscalía Estatal presentó denuncias en su contra, el 11 de mayo, con base en información del Gobierno del estado y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La carpeta de investigación FED/FEMCC-CAMP/0000275/2002 contra el entonces Diputado federal y ahora Senador está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, quien instruyó a su Equipo de Investigación y Litigación, cuya titular es la Fiscal Blanca Flor Ramón Peralta, a profundizar las pesquisas.
Esta investigación de la FGR contra Moreno Cárdenas, probada por SinEmbargo con documentos, es diferente a la que lleva a cabo contra éste la Fiscalía de Campeche también por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión.
El 17 de agosto, la Fiscalía de Campeche, que encabeza Rento Sales Heredia, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el desafuero de Moreno Cárdenas, quien podrá defenderse ante la Sección Instructora previamente a que se vote en el pleno, un caso que se ha arrastrado a lo largo de un par de Legislaturas en San Lázaro y que sigue sin resolverse, a pesar de la voluntad del oficialismo de llevar a cabo este proceso.
¿Qué pasó con el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas?
El 3 de septiembre del 2022 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero -la inmunidad constitucional-, del entonces diputado federal Moreno Cárdenas. Este órgano quedó integrado por Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, en carácter de presidente y como secretarios fueron designados el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel; el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi; y el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez.
A partir de ese momento empezaron a correr plazos clave. La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora, tendría que haber rendido un dictamen en un plazo de 60 días hábiles, que se cumplió el 25 de noviembre del 2022. Este plazo sólo podría ampliarse en caso de que fuese necesario disponer de más tiempo, para subsanar alguna duda o trámite.
El caso se enfrió en un primer momento porque fue una diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, cercana a “Alito”, quien presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en apoyo de tareas y combate al crimen organizado. La referida reforma fue aprobada en la cámara de diputados el 15 de septiembre del 2022 y en la Cámara de Senadores el 4 de octubre del 2022.
En la actual Cámara de Diputados Morena, por sí mismo, tiene 253 votos, suficientes para declarar la Procedencia de la Acción Penal contra “Alito” Moreno. Y podría sumar los 49 legisladores del Partido del Trabajo, más los 62 del Partido Verde Ecologista de México, para un total de 364 diputados. Sobrada fuerza para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional, al dirigente priista, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.
El diputado morenista Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, dio a conocer que en la primera semana de marzo se reunirá esa instancia para marcar la ruta del juicio de procedencia de la acción penal contra el ahora senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien apenas el año pasado se reeligió para permanecer al frente del tricolor hasta el 2028.
“Estamos esperando la información de ‘Alito’. La próxima semana que tengamos Comisión Jurisdiccional ya vamos a marcar una ruta. Aunque el diputado Moreira se enoje, hay rutas legales que tenemos que seguir. A lo mejor no sabe mucho de leyes, pero nosotros sí, más o menos, conocemos de procedimientos”, indicó Flores Cervantes en declaraciones a medios de comunicación.
Unos días antes, en entrevista publicada en SinEmbargo, Flores Cervantes dijo que promovería que fueran descongeladas las peticiones de desafuero en contra de Moreno Cárdenas, de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández y el Fiscal Alejandro Gertz Manero, entre otras.
La Comisión Jurisdiccional de la pasada legislatura, de la que formaban parte, entre otros el diputado federal priista Rubén Moreira, incondicional del dirigente nacional del PRI, dio por descartada la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas, promovida en 2022 por la Fiscalía de Campeche para que pudiera ser juzgarlo por presunto enriquecimiento ilícito. Pero en la actual Comisión se tiene la intención de continuar desahogando el caso, ya que no se encuentra un respaldo legal de las decisiones de la anterior legislatura, aseguró el morenista Flores Cervantes.
CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO
