En Tlaxcala, donde los recursos públicos suelen ser motivo de escrutinio y las necesidades sociales apremian, resulta desconcertante que se destinen millones de pesos en lo que parece ser una despedida ostentosa para una funcionaria cuya gestión ha sido, en el mejor de los casos, opaca.
Hablamos de Stefany Pérez Bustamante, Coordinadora de Bienestar Animal de Tlaxcala, quien ahora se prepara para asumir un nuevo rol como juez electa de Distrito en materia Mixta del Poder Judicial de la Federación.
Su ascenso, lejos de ser un reconocimiento a una trayectoria destacada, levanta sospechas sobre los favores políticos y las dinámicas de poder que operan en el estado.
El currículum de Pérez Bustamante, según lo que se ha hecho público, no parece justificar tan privilegiada transición.
Su experiencia se limita a labores como inspectora en materia de medio ambiente y maltrato animal, un perfil que, aunque valioso en su ámbito, no destaca por méritos extraordinarios que expliquen su salto al Poder Judicial.
Sin embargo, el gobierno estatal, encabezado por Morena, decidió despedirla con un acto que no solo resulta excesivo, sino que roza la provocación: la inauguración de la Clínica de Bienestar Animal en Santa María Texcalac, Apizaco, con una inversión de 35 millones de pesos.
A primera vista, la clínica parece una iniciativa positiva. Según lo anunciado, el espacio ofrecerá servicios integrales para animales de compañía a bajo costo, accesibles para los habitantes de los 60 municipios de Tlaxcala contará con consultorios de urgencias, cirugía, rayos X, laboratorios, áreas de cuarentena, farmacia, estética, sala de adopciones y espacios de capacitación.
Todo esto, en teoría, representa un avance para el bienestar animal en un estado donde la atención a las mascotas ha sido históricamente limitada. Sin embargo, el contexto y el momento elegido para su inauguración ensombrecen el proyecto.
La clínica, presentada con bombo y platillo, parece más un evento diseñado para enaltecer la figura de Pérez Bustamante que una acción genuinamente enfocada en el beneficio colectivo.
La inversión de 35 millones de pesos, en un estado con carencias en sectores como la salud, la educación o la infraestructura, ya levantaba cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno pero la inauguración empatada con la despedida para su titular fue una burla
Y es que muchos se cuestionaron si tenía que adelantarse esta inauguración solamente para despedir a una funcionaria, cuya gestión no destacó precisamente por su impacto, la respuesta parece obvia, pero el mensaje que envía el gobierno es otro: la lealtad política tiene recompensas, y estas no son menores.
El evento no solo ha generado críticas entre la ciudadanía, sino que ha avivado tensiones al interior del propio gobierno estatal. Fuentes cercanas al gabinete han señalado que la anticipada inauguración de la clínica desató confrontaciones entre funcionarios, quienes ven en este acto un exceso innecesario que pone en entredicho la cohesión del equipo de trabajo.
Pero las fricciones no terminan ahí. La reciente elección de jueces para el Poder Judicial de la Federación, en la que Pérez Bustamante resultó beneficiada, ha generado malestar entre quienes participaron en el proceso y percibieron un trato preferencial hacia la funcionaria.
Todo apunta a que su designación no fue producto de una evaluación meritocrática, sino de un respaldo político orquestado desde las altas esferas del sistema estatal.
Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, refleja una práctica recurrente en la política tlaxcalteca: el uso de recursos públicos para premiar la lealtad o para enviar mensajes de poder.
En un contexto donde diversos sectores —político, notarial, empresarial, magisterial— ya muestran signos de descontento con la actual administración, un acto de esta naturaleza solo exacerba las tensiones.
La clínica, que podría haber sido presentada como un logro colectivo, se percibe más como una afrenta, una provocación que abre heridas en un entorno político ya polarizado.
La gestión de Pérez Bustamante como Coordinadora de Bienestar Animal no será recordada por grandes avances ni por iniciativas transformadoras.
La clínica de bienestar animal, con su noble propósito, merecía ser presentada como un proyecto para todos, no como un regalo de despedida para una funcionaria cuestionada.
Tlaxcala merece funcionarios que prioricen el bien común sobre las ambiciones personales, y ciudadanos que exijan rendición de cuentas ante decisiones que, como esta, parecen más una burla, que un acto de gobierno.
En un estado con tantas carencias, 35 millones de pesos podrían haber marcado una diferencia real, no solo en la vida de los animales, sino en la de miles de tlaxcaltecas que aún esperan un gobierno que los escuche y atienda.
