* El tribunal desechó la acusación por falta de pruebas
Después de permanecer 2 mil 120 días privada de su libertad, la médica cirujana tlaxcalteca Sandra Arana Aguilar obtuvo su libertad inmediata por orden de un tribunal federal en Zacatecas, que concluyó que no existían pruebas lícitas suficientes para sostener la acusación de secuestro agravado que enfrentaba junto con Daniel “N.”.
La resolución representa un duro revés para la Fiscalía, que durante el proceso solicitó una condena de hasta 90 años de prisión. Sin embargo, a lo largo del juicio diversas pruebas fueron desestimadas por los órganos jurisdiccionales debido a irregularidades en su obtención y cuestionamientos sobre la legalidad de la investigación.
Sandra Arana, originaria de Tlaxcala y de profesión médico cirujano, fue detenida el 25 de agosto de 2020 cuando viajaba en compañía de su entonces pareja. De acuerdo con la documentación realizada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), la detención ocurrió de manera irregular y posteriormente la profesionista habría sido víctima de tortura y tortura sexual durante las primeras horas bajo custodia de las autoridades.
El caso se convirtió en uno de los expedientes emblemáticos sobre presuntas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. Organizaciones defensoras señalaron que la acusada pasó casi seis años en prisión preventiva sin recibir una sentencia definitiva, situación que generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y el uso prolongado de medidas cautelares.
La decisión judicial se apoyó en criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en materia de exclusión de pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos fundamentales. El tribunal determinó que las evidencias presentadas por la Fiscalía carecían de validez suficiente para sostener una condena por secuestro agravado.
Aunque la resolución ordenó su liberación inmediata, Sandra Arana aún enfrenta una imputación pendiente, por lo que su situación jurídica no ha quedado completamente concluida.
Tras recuperar su libertad, el caso vuelve a colocar en el centro del debate la actuación de las fiscalías, el uso de la prisión preventiva prolongada y las denuncias de tortura en investigaciones penales, temas que continúan siendo motivo de observación por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
