* El secretario de Seguridad Ciudadana, Martín Perea Marrufo, informó que el costo aproximado de alimentación es de 120 pesos diarios por interno; también reportó una disminución gradual de la población penitenciaria.
El Gobierno del Estado de Tlaxcala destina más de 5 millones de pesos mensuales para la alimentación de las personas privadas de la libertad en los tres centros de reinserción social de la entidad, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Martín Perea Marrufo, durante su participación en los Diálogos Circulares de este miércoles.
El funcionario explicó que mantener a una persona privada de la libertad representa un gasto aproximado de 120 pesos diarios, principalmente por concepto de alimentación, medicamentos y otros servicios necesarios para garantizar su atención dentro del sistema penitenciario. Tan solo en alimentos, el desembolso mensual supera los cinco millones de pesos, de acuerdo con la población actual reportada.
Perea Marrufo detalló que actualmente se tiene una población penitenciaria aproximada de mil 402 personas, cifra que representa una disminución respecto al máximo de mil 420 internos que se llegó a registrar. Sostuvo que esta reducción responde, entre otros factores, a la coordinación institucional para agilizar los procesos judiciales y evitar que las personas permanezcan más tiempo del necesario en espera de una sentencia.
Explicó que recientemente se realizaron reuniones con representantes del Poder Judicial, la Defensoría Pública Federal y Estatal, así como de la Secretaría de Gobierno, con el propósito de acelerar la resolución de los procedimientos. Destacó que los jueces ya comenzaron a agilizar las sentencias y que los primeros resultados se reflejan en la disminución gradual de la población penitenciaria.
Asimismo, señaló que el Gobierno estatal analiza la implementación de brazaletes electrónicos para personas que puedan acceder a un cambio de medida cautelar y continuar sus procesos desde sus domicilios o centros de trabajo, sin necesidad de permanecer recluidas. Para ello, se encuentra pendiente la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
Finalmente, el titular de Seguridad Ciudadana indicó que reducir la sobrepoblación penitenciaria no solamente contribuirá a mejorar las condiciones del sistema de reinserción social, sino que también permitirá disminuir la presión financiera que representa para el Estado el mantenimiento de las personas privadas de la libertad.
