Dos magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México han sido acusados de favorecer a José Luis Abarca Velázquez, con una sentencia emitida en noviembre pasado para que se diera una medida cautelar distinta a la prisión preventiva oficiosa que le fue girada al exacalde de Iguala, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mientras que otro Magistrado revocó el año pasado la sentencia condenatoria de 10 años a María de los Ángeles Pineda, esposa de abarca e implicada junto con él en el caso Ayotzinapa, en dos ejemplos más de cómo el Poder Judicial ha resuelto medidas que favorecen a presuntos criminales, aún tratándose de investigaciones de alto impacto como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
El Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, explicó esta mañana que fue el 15 de noviembre del año pasado cuando por mayoría de votos del Magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia y del secretario en funciones de Magistrado Luis Alberto Castro Velázquez, el Tribunal Colegiado le otorgó un amparo a Abarca para que el Juez Tercero de Control de Toluca “cite a las partes a una nueva audiencia en la que con libertad de jurisdicción y previo debate determine otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa”.
José Luis Abarca Velázquez cuenta con causas penales por homicidio y delincuencia organizada. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el expresidente municipal fue identificado como “A1”, quien junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
El informe de la Comisión del caso Ayotzinapa identifica que durante la Noche de Iguala “A1”, es decir José Luis Abarca, ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”.
Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, y el cual está ligado a la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, una medida que podría cambiar a partir de los resuelto por el Tribunal Colegiado.
José Luis Abarca está detenido por el asesinato de Arturo Hernández Cardona cometido el 3 de junio de 2013, cuya desaparición, reportada en un primer momento, propició que “la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotizinapa, que tomaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado”.
Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.
Tanto José Luis Abarca como María de los Ángeles Pineda, presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac, han negado su participación en los hechos.
Este día también se recordó que María de los Ángeles Pineda había sido sentenciada a 10 años de prisión por delincuencia organizada entre otros delitos, pero el 24 de abril del 2023 el Magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde le revocó la sentencia condenatoria y ordenó la reposición del procedimiento ya que su consideración el juez que la sentencia violó su derecho de seguridad jurídica.
“De acuerdo al Magistrado Montellano el juez desobedeció diversas diligencias y en la asistencia de la defensa tampoco llevó a cabo el careo procesal entre la implicada y un testigo colaborador ni se cercioró si el Defensor Público Federal que asistió a la implicada en su declaración preparatoria contaba con cédula profesional”, expresó El Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio.
El pasado 11 de enero, un Tribunal federal ordenó reponer el proceso que se sigue en contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud, por lo que la sentencia por estos delitos también quedó invalidada.
Esto, luego de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito ordenó al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales admitir las pruebas que la defensa de la exprimiera dama municipal ofreció en favor de ésta.
Asimismo, ordenó llevar a cabo los careos entre Pineda Villa e Sidronio Casarrubias Salgado, el exlíder del cártel Guerreros Unidos, quien es señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y que, de acuerdo con la versión de María de los Ángeles, habría sido torturado para que declarara en contra de ella y de su esposo.
Por este caso, luego de que se resolviera que estaba vinculada al cártel de Guerreros Unidos y al cártel de los Beltrán Leyva, de los que habría obtenido dinero que habría sido invertido en diversos negocios, incluidos de joyería y de bienes inmuebles, para blanquearlo, la exprimiera dama municipal fue condenada a 10 años de prisión.
Sin embargo, al ordenarse la reposición del procedimiento, dicha sentencia queda sin efectos y después de que se desahoguen las pruebas que los abogados de Pineda Villa ofrecieron, se deberá emitir una nueva resolución, en la que cabe la posibilidad de que la esposa de José Luis Abarca sea absuelta de los cargos de los que se acusa.
Ya en agosto de 2020, un Tribunal federal otorgó un Pineda Villa, señalada por tener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, con lo que se canceló un acto de forma prisión en su contra. Esta decisión fue tomada por el Tercer Tribunal Colegiado en material penal del Estado de México, y confirma la sentencia del Juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios federales.
“La autoridad responsable deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el once de marzo de dos mil diecinueve, abra un nuevo plazo constitucional, en el que se lleve a cabo nuevamente la dirigencia atinente a la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa, en caso de que no existan en la causa penal los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores con claves ‘Mateo y ‘X’, requiera el agente del Ministerio Público de ’ la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, de su control, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente”, aseveró el Tribunal.
A la par, solicitó al Juez Tercero de Distrito del Estado de México que “recabe nuevamente la declaración preparatorio de María de los ángeles Pineda Villa“, sobre la acusación de delincuencia organizada en su contra.
Las organizaciones humanitarias que apoyan a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos condenaron el respaldo que el Presidente dio al ejército en el caso.
En enero de 2015, Jesús Murillo Karam, titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), reveló que María de los Ángeles Pineda era la líder del grupo criminal Guerreros Unidos al momento de la desaparición de 43 normalistas.
Durante una reunión con senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde (PVEM), el entonces Procurador explicó que fue complicado procesar a la exprimiera dama por delincuencia organizada, debido a que estaba protegida como la cabeza de la célula criminal y que Abarca era el segundo a cargo.
“Sin embargo, hicimos una investigación que llegó hasta penales de Estados Unidos, donde logramos obtener testimonios que la ligan directa y claramente con el manejo de la banda de Guerrero Unidos, que vinculaban al padre, la madre y los dos hermanos”, declaró Murillo Karam en ese momento.
CON INFORMACIÓN DE: SINEMBARGO
