Tlaxcala, esa entidad chica pero de política recia, donde las alianzas se tejen en las sombras de los barrios y no en los salones de Palacio de Gobierno, acaba de dar una lección magistral a los “estrategas” foráneos.
El pasado 1 de junio, en medio del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, Fanny Margarita Amador Montes asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) con el respaldo del voto ciudadano.
Un triunfo que, en teoría, debería blindarla de cuestionamientos pero en la práctica, revela las grietas de un poder judicial en plena metamorfosis y, sobre todo, la miopía de quienes creyeron que el control se impone desde fuera, ignorando la idiosincrasia tlaxcalteca: esa red de lealtades locales que no se compra con promesas ajenas.
No es casualidad que Amador, una figura inicialmente relegada en las apuestas, haya superado por un margen abismal a Mildred Murbartián Aguilar, la apuesta obvia del grupo “sánchez anayista”. Todos en Tlaxcala lo sabíamos: las canicas estaban cargadas para Murbartián, amiga íntima de los cercanos al exgobernador, pero los números no mienten.
La diferencia en votos fue un terremoto que dejó en evidencia a los “operadores estrella” del circulo local —esos importados que llegaron a Tlaxcala con currículos relucientes pero sin mapa del terreno local—. ¿El error fatal? Subestimar a los grupos internos ignorados, esos que, hartos de ser marginados, jugaron sus cartas para exhibir la desconexión de los de arriba.
Hablemos claro: Juan Manuel Lemús Pérez, José Luis Flores Aguilar, Sergio González Hernández y una docena más de operadores locales, relegados de los espacios de poder por la dirigencia de Morena Tlaxcala y la Secretaría de Gobierno, no se quedaron con las manos atadas. Movilizaron al menos 14 grupos organizados, asegurando que la ganadora fuera ajena a los intereses de la cúpula morenista local.
No fue solo venganza; fue una demostración de valor de cara al 2027. Estos tlaxcaltecas, con raíces en los distritos de Guridi y Alcocer o Xicohténcatl, saben que aquí la política no se hace con encuestas de consultorías externas, sino con café en las colonias y favores en las comunidades.
Los foráneos, en cambio, fallaron en leer el pulso: creyeron que bastaba con nutrir al gobierno actual de votos para controlar todo, pero olvidaron que en Tlaxcala, los ignorados siempre vuelven, y con intereses.
El 1 de septiembre, cuando 71 nuevas autoridades judiciales —36 estatales y 35 federales— tomaron posesión, el momento histórico fue doble: celebratorio por la democratización del Poder Judicial, pero también un recordatorio punzante para los “nuevos ricos” del Palacio.
Esta renovación, impulsada por la reforma nacional, consolida cambios estructurales en Tlaxcala, como la desaparición del Consejo de la Judicatura (ese nido de nepotismo que prometía “carrera judicial” pero repartía plazas familiares) y el nacimiento del Órgano de Administración Judicial, junto al Tribunal de Disciplina Judicial con sus tres magistraturas para sancionar corrupción.
En el ámbito estatal, se renuevan cuatro magistraturas (tres civiles-familiares y una penal para adolescentes), más cargos en el Tribunal de Justicia Administrativa, el de Conciliación y Arbitraje, y juzgados especializados en violencia de género o justicia para adolescentes, distribuidos en distritos como Cuauhtémoc, Morelos y Ocampo.
Pero aquí viene lo que duele: ante el fracaso en imponer el grupo extranjero recurrió a la reforma para “atarle las manos” a Amador. Y no es paranoia; es lo que dictan las leyes secundarias que el Congreso local acaba de aprobar en agosto de 2025.
En una iniciativa integral presentada por diputadas y diputados de la LXV Legislatura —avalada en sesión extraordinaria el 21 de agosto—, se establecen reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Tribunal de Justicia Administrativa y al de Conciliación y Arbitraje, alineadas con la reforma constitucional federal de diciembre de 2024.
El acuerdo entre los tres poderes, sellado el 25 de agosto, habla de una “transición pacífica”, pero en Tlaxcala leemos entre líneas: es una centralización del poder en manos de la gente de confianza del Ejecutivo y el Legislativo, debilitando la autonomía de la nueva presidenta.
La conformación del Órgano de Administración Judicial queda en manos de los diputados, un guiño a la “transparencia” que huele a revancha: ¿quiénes integrarán este ente clave para el manejo de recursos? Probablemente no los relegados que impulsaron a Amador, sino los leales que fallaron en la elección.
Esta reforma, que busca profesionalización y combate a la corrupción, es loable en papel, pero en el contexto tlaxcalteca, donde la justicia ha sido históricamente un botín, sirve de espejo: los operadores externos no entienden que aquí, la política judicial no es un ajedrez nacional, sino un juego de alianzas locales.
Fanny Amador llegó legitimada por el voto, pero con conflictos internos que la reforma busca agravar.
Los grupos ignorados, al llevarla al triunfo, no solo cobraron factura; demostraron que en Tlaxcala, ignorar la idiosincrasia —esa mezcla de astucia indígena y recelo al centralismo— es receta para el ridículo.
Lo único que salvará este nuevo fracaso es que tanto la presidenta del TSJE y sus allegados son amigos directos de la titular del ejecutivo. Nuevamente Lorena Cuéllar logra salir airosa pero por su labor en el pasado, por su cercanía con varios de los lastimados, de no ser por su propia sombra estaría en la recta final de su administración sin el respaldo de este poder.
Las tres de ley… 1- Los cambios en materia de Comunicación Institucional han servido para posicionar la agenda de Lorena Cuéllar Cisneros y eso es evidente para quien tenga ojos.
2- Con esta experiencia valdría la pena que el TSJE haga lo propio. Los cambios deben ser profundos y en todos los poros, de lo contrario corren el riesgo de continuar promoviendo la agenda de ayer, sin privilegiar la que inició el 1 de septiembre.
3- Todas las áreas deberían estar a revisión y escrutinio pues si bien es cierto que ese poder ha salido poco raspado no ha sido por su capacidad, sino por su lejanía y ostracismo. La vida judicial también merece ser pública.
