En julio de 2018 el entonces virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer 50 puntos para cumplir por parte de su gobierno, entre los cuales destacaba que los funcionarios debían trabajar de lunes a sábado cuando menos ocho horas diarias, no tener más de cinco asesores, no viajar al extranjero -salvo casos excepcionales-, no remodelar sus oficinas a todo lujo y no tener guardaespaldas.
Sin embargo, en abril de 2019, durante un evento público, informó que se asignarían ocho elementos de seguridad a cada uno de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a éste último tras una petición realizada exprofeso para su seguridad.
Ambos contarían con esa protección, pero sería la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que lo otorgaría durante “el tiempo que sea necesario”, con la advertencia de que “ojalá ellos también busquen la forma de resolver su seguridad”.
Más de un año después, en diciembre de 2020, el ex gobernador priísta de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado por dos sujetos en el baño de un bar, un ataque director en el que también resultó herido un escolta.
El fiscal de esa entidad federativa, Luis Joaquín Méndez Ruiz, afirmó que la Fiscalía a su cargo tenía información precisa de que el autor intelectual del asesinato fue Saúl Alejandro “N”, alias “El Chopa”, quien fue abatido en abril del 2022 y era operador financiero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La delincuencia organizada, los grupos criminales, tienen en México una presencia cada vez más manifiesta en diversos territorios. En la coyuntura del actual proceso electoral, varias autoridades y candidatos han sido asesinados, lo cual ha obligado al gobierno federal y al Instituto Nacional Electoral (INE) actuar en consecuencia.
Incluso, el órgano electoral puso en marcha un esquema de seguridad para las candidaturas presidenciales, al Senado, a la Cámara de Diputados y a los nueve gobiernos estatales que se disputarán este año.
La seguridad para gobernadoras y gobernadores de este país se ha hecho necesaria, incluso para el presidente López Obrador a pesar de su constante reniegue y su promesa de que no la tendría.
En la mayoría de los estados funciona un esquema de seguridad para las autoridades gubernamentales, el cual se ha extendido a ex gobernadores y otros ex funcionarios que han tenido que ver con el combate a la inseguridad.
Tlaxcala no podía pasar por alto el tema de la seguridad para sus funcionarios en su nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, en la que dedica varios artículos. Pero para el caso de nuestra entidad raya en el exceso y en el abuso, retando incluso su propio discurso de ser “la entidad más segura”.
Por ejemplo, el artículo 73 que establece que “la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, su cónyuge, persona concubina, hijas e hijos tendrán derecho a la protección a través del servicio público de escolta, sin necesidad de trámite especial para su otorgamiento; una vez que haya concluido su encargo tendrá derecho a servicio de escolta conforme a lo dispuesto al Reglamento del Servicio Público de Escolta en el Estado de Tlaxcala”.
No sólo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tendrá seguridad. También tendrán derecho a la protección, mediante escolta, los ex servidores públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que hayan realizado actividades relacionadas con la seguridad ciudadana, procuración e impartición de justicia, o quienes, en razón de los servicios prestados en materia de seguridad ciudadana o en la Secretaría de Gobierno, que por sus funciones estrechamente vinculadas a los servicios citados anteriormente, dentro de la administración pública del Estado, tenga la necesidad de ser protegidos, previa solicitud que formule al Comité de Autorización, dentro de los quince días naturales posteriores a la conclusión de su encargo siempre y cuando se encuentren en el Estado”.
También hay que decir que no es nuevo que la ley en Tlaxcala establezca ahora el tema de seguridad. Ya antes, en la administración de José Antonio Álvarez Lima, el Congreso del Estado había legislado a propuesta del propio titular del Ejecutivo. La demagogia de uno de sus antecesores hizo que se reformara la hoy extinta Ley de Seguridad Pública.
Ya desde entonces, hace 20 años, Álvarez Lima tuvo la visión de establecer la seguridad para funcionarios y ex funcionarios. Hoy, en tiempos convulsos, se retoma por la actual administración. Aunque para la mayoría de los tlaxcaltecas y en especial para quienes seguimos de cerca el trabajo legislativo, es evidente que la ley está hecha a modo, con clara intención de conservar beneficios aún después de dejar el cargo, nada más les faltó el beneficio para la cocinera, el jardinero y el chofer.
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