En política, los errores suelen ocultarse. Pero de vez en cuando alguien habla de más. Y cuando eso ocurre, la verdad termina escapándose entre las palabras.
Eso fue exactamente lo que ocurrió con el secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández. En su afán por defender a la directora de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt), Angélica Domínguez Hernández, terminó haciendo una confesión que desmonta, de un solo golpe, el discurso oficial de transparencia y combate a la corrupción.
Las plazas administrativas, reconoció, no se asignan mediante concursos abiertos. Se reparten por propuestas.
Propuestas del sindicato.
Propuestas de quienes dejan la vacante.
Y propuestas del propio Gobierno del Estado.
Es decir, la vieja política sigue gozando de cabal salud.
Mientras el gobierno habla de transformación, en la práctica parece conservar uno de los mecanismos más cuestionados del viejo régimen: convertir los empleos públicos en cuotas de poder, favores políticos y recompensas para los cercanos.
El caso de Angélica Domínguez Hernández es apenas la punta del iceberg.
Un documento oficial revela que la funcionaria fue incorporada a la nómina federal de la SEPE-USET con una plaza sindicalizada como trabajadora social, adscrita a una secundaria de Zacatelco, con una percepción superior a los 16 mil pesos mensuales, al mismo tiempo que ocupa un cargo de primer nivel dentro del gabinete estatal.
La respuesta del secretario fue reveladora, aunque quizá no como él esperaba.
Nunca mostró una licencia.
Nunca presentó un oficio de comisión.
Nunca exhibió un estudio de compatibilidad laboral.
Nunca desmintió categóricamente la existencia de la plaza.
Prefirió desacreditar la información, prometer una investigación y trasladar la responsabilidad a otra dependencia.
El manual clásico de la administración pública: cuando no hay respuestas, se anuncia una investigación.
Pero hay una diferencia enorme entre investigar y transparentar.
Si todo está en regla, los documentos deberían estar sobre la mesa desde el primer día.
Cuando la autoridad pide tiempo para averiguar lo que debería conocer de inmediato, la confianza pública comienza a desmoronarse.
Más grave aún fue escuchar al responsable de la educación admitir con absoluta naturalidad que el gobernador propone plazas administrativas.
No habló de convocatorias.
No habló de evaluaciones.
No habló de concursos de oposición.
Habló de propuestas.
Y en México esa palabra tiene una larga historia de clientelismo, cuotas y favores.
La pregunta entonces deja de ser quién obtuvo una plaza.
La verdadera pregunta es cuántas plazas han sido repartidas bajo el mismo esquema.
¿Cuántos profesionistas con mejores credenciales quedaron fuera porque no tenían un padrino político?
¿Cuántos trabajadores han esperado años una oportunidad mientras otros llegan directamente desde los círculos del poder?
¿Cuántas plazas se han convertido en moneda de cambio dentro de la estructura gubernamental?
El problema ya no es únicamente Angélica Domínguez Hernández.
El problema es un sistema que parece seguir premiando la cercanía antes que la capacidad.
Y eso golpea directamente la credibilidad de un gobierno que hizo del combate a la corrupción su principal bandera política.
No basta con repetir que ya no son iguales.
Hay que demostrarlo.
Porque cuando un funcionario admite públicamente que las plazas se asignan por propuestas políticas y sindicales, el discurso de la transformación empieza a parecerse demasiado al libreto del pasado.
Hoy la Secretaría de la Función del Buen Gobierno tiene una oportunidad que trasciende un expediente administrativo.
Puede limitarse a revisar un caso particular y cerrar el asunto con una resolución burocrática.
O puede investigar de fondo un mecanismo que, según las propias palabras del secretario, sigue funcionando bajo criterios que privilegian la discrecionalidad sobre el mérito.
La diferencia entre ambas decisiones será también la diferencia entre un gobierno dispuesto a corregirse y uno decidido a proteger a los suyos.
Porque la corrupción no siempre comienza cuando alguien mete la mano al dinero público.
Muchas veces empieza cuando una plaza deja de ser un derecho ganado por capacidad para convertirse en un privilegio otorgado por cercanía al poder.
Y esa, precisamente, es la sospecha que hoy pesa sobre la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala.
La transparencia no se demuestra con conferencias de prensa.
Se demuestra abriendo expedientes, exhibiendo documentos y aceptando el escrutinio ciudadano.
Mientras eso no ocurra, cada explicación oficial seguirá alimentando la percepción de que, en Tlaxcala, el verdadero concurso para obtener una plaza no es el de conocimientos, sino el de influencias.
