* De exigir justicia desde las calles a pedir coordinación desde el gobierno: el dilema de Rosario Adriana Mendieta.
Hay una transformación que merece analizarse en la política: la de quienes durante años levantaron la voz contra las instituciones, exigieron justicia, denunciaron omisiones y señalaron la indiferencia de las autoridades, pero que, una vez que llegan a un cargo público, parecen descubrir las bondades de la prudencia, la coordinación institucional y los tiempos burocráticos.
El caso de Rosario Adriana Mendieta Herrera, actual titular de la Secretaría de las Mujeres de Tlaxcala, abre precisamente esa discusión.
No se trata de cuestionar su derecho a ocupar una responsabilidad pública ni de descalificar su trayectoria como activista. Se trata de examinar la distancia entre el discurso de quien exige justicia desde la sociedad civil y la postura de quien, desde el gobierno, tiene la responsabilidad de defender a las víctimas frente a las instituciones.
Su declaración sobre el caso de Karina N. es un ejemplo de esa contradicción.
Mendieta Herrera reconoció públicamente que existen elementos para investigar la muerte de Karina como feminicidio. Mencionó tres indicadores fundamentales: la relación sentimental que habría existido entre la víctima y el señalado, la posible relación asimétrica de poder —ambos trabajaban juntos— y el contexto en el que ocurrió su muerte.
Incluso recordó los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género.
Hasta ahí, el diagnóstico parece contundente. La propia Secretaría de las Mujeres identifica elementos que deben ser considerados por la autoridad investigadora.
Pero vino la pregunta incómoda: ¿significa esto que la Fiscalía está haciendo mal su trabajo?
Y entonces apareció la funcionaria.
La respuesta dejó atrás la contundencia que se esperaría de una voz históricamente vinculada con la defensa de los derechos de las mujeres. No quiso expresarlo en esos términos y prefirió hablar de fortalecer el trabajo institucional, mejorar la coordinación y revisar la actuación de los primeros respondientes.
En lugar de exigir explicaciones claras por las decisiones de la Fiscalía, optó por la diplomacia gubernamental.
Es cierto que la Secretaría de las Mujeres no tiene facultades ministeriales para investigar ni sancionar delitos. Su función es acompañar a las víctimas, brindar asesoría y garantizar atención especializada. Pero eso no significa que deba renunciar a su capacidad de cuestionamiento, incidencia y exigencia frente a otras instituciones.
Una cosa es respetar las atribuciones legales de cada dependencia y otra muy distinta es moderar la crítica para no incomodar al aparato gubernamental.
La funcionaria incluso tuvo que hacer un llamado público a la fiscal para que reconsidere la clasificación jurídica del caso. Una petición que, por sí misma, evidencia que la coordinación institucional no ha sido suficiente para garantizar que los elementos identificados sean atendidos como corresponde.
Y aquí surge la pregunta de fondo: ¿la activista que exigía justicia sigue teniendo la misma voz cuando es parte del gobierno al que antes le exigía resultados?
Porque los derechos de las mujeres no pueden quedar sujetos a la comodidad política, a las relaciones entre dependencias ni a la necesidad de cuidar la imagen de una administración.
La perspectiva de género no debe convertirse en un discurso para conferencias de prensa, presentaciones institucionales o informes de actividades. Debe traducirse en exigencias concretas, decisiones oportunas y acompañamiento efectivo a quienes buscan justicia.
Tampoco basta con ofrecer atención psicológica, asesoría jurídica y servicios periciales a una familia. Esos apoyos son necesarios, pero no sustituyen la obligación de exigir investigaciones adecuadas y resultados.
La función pública no debería domesticar las convicciones de quienes llegaron a ella después de años de lucha social. Por el contrario, tendría que darles mayores herramientas para defender las causas que decían representar.
Rosario Adriana Mendieta tiene frente a sí una oportunidad para demostrar que su compromiso con las mujeres no cambió con el nombramiento. Que puede ser funcionaria sin dejar de ser una voz crítica. Que la institucionalidad no significa silencio y que la coordinación no debe confundirse con complacencia.
Porque cuando una activista llega al poder, la sociedad no espera que aprenda a guardar silencio; espera que utilice el poder para hacer valer aquello que antes exigía desde fuera.
La pregunta no es si una activista puede convertirse en funcionaria. La pregunta es si, al convertirse en funcionaria, está dispuesta a seguir incomodando al poder cuando la justicia lo exige.
Y en el caso de Karina N., la justicia no debería esperar a que las instituciones terminen de ponerse de acuerdo.
