Robles Berlanga quedó libre de todo proceso penal y además puede regresar a trabajar en algún cargo público.
(SinEmbargo).- La exfuncionaria de la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019.
Y no solo eso: también se liberó de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021 y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.
Así, en dos días, Robles Berlanga quedó libre de todo proceso y puede regresar a trabajar en algún cargo público.
Este viernes, minutos antes de las 11 del día, arrancó la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, respecto de la causa penal 314/2019. El objetivo de los abogados fue demostrar que la acusación de ejercicio indebido del servicio público por el desvío millonario en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), de 2012 a 2018, había prescrito.
Rosario Robles cuando salió de Santa Marha. Foto: Tomada de video
El Juez de Control Roberto Omar Paredes determinó sobreseer la causa penal. De acuerdo con el periódico El Universal, Robles Berlanga rompió en llanto.
Así, Rosario Robles queda librada de las medidas cautelares que mantenía aún fuera de prisión; ya no tendrá que firmar cada quincena en el Reclusorio de Santa Martha y podrá salir del país.
La malversación de fondos públicos, conocido como “La Estafa Maestra”, fue por 5 mil millones de pesos que fueron extrahídos de las dos dependencias durante los años en los que Rosario Robles estuvo al frente de ellas.
El esquema fue el mismo, primero en la Sedesol y luego en la Sedatu, por lo que se logró hablar de un delito continuado.
Sin embargo, el juez señaló que en cumplimiento a la ejecutoria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, se acreditó el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria. Su defensa argumentó que la conducta penal que se le atribuye a su cliente es solo un incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no un delito.
Y se le dio la razón, ya que en su decisión el Juez inhibió la persecución penal y cesó por completo las medidas cautelares con lo que ahora Robles sólo podrá ser sancionada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es decir, todo el caso quedó como una falta administrativa.
Las medidas cautelares para Rosario Robles duraron apenas seis meses.
Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.
Su otra victoria fue frente a la Secretaría de la Función Pública, ya que impugnó la inhabilitación en su contra dictada en 2021 que le impedía desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal y por haber falseado su declaración patrimonial.
Fue el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) quien declaró fundados sus argumentos y aseguraron que la medida fue excesiva al derivarse de una cuenta bancaria de 2 mil 800 pesos que no incluyó en su declaración patrimonial.
Ahora la Función Pública deberá dictar una medida menor.
De acuerdo con el periódico Reforma, Robles tiene pendiente otra orden de aprehensión por delincuencia organizada -un delito con prisión preventiva de oficio- y lavado de más de 77 millones de pesos, sin embargo, la Fiscalía General de la República no ha ejecutado “el mandamiento de captura, pese a no tener un impedimento legal”.
Desde 2019, año en que la Fiscalía logró llevar a prisión a Robles, se advirtió de las lagunas en el caso. En agosto de ese año fue el Juez José de Jesús Delgadillo Padierna el que determinó enviarla a Santa Martha por riesgo de fuga ya que la Fiscalía, cuando tuvo oportunidad, no lo solicitó.
También queda sepultada la oportunidad de que el caso escalara a los jefes directos de Robles, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray señalados en un momento del juicio.
El caso de la desviación de recursos públicos quedó asentada en una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A través de contratos de obra pública con universidades, ambas dependencias, con Rosario al frente, provocaron un desfalco valuado en 5 mil millones de pesos.
Ante tal cantidad de dinero y con la ASF como testigo, en el juicio la Fiscalía argumentó que debió avisar a su jefe directo, es decir, el Presidente de la República al ser ella una Secretaria de Estado y además, la Secretaría de Hacienda también debió ser notificada de tal anomalía.
También salió el nombre de José Antonio Meade, quien tomó la Sedesol luego de que Rosario estuvo tres años al frente y en las actas de entrega-recepción, debió estar enterado de que la Secretaría debía sustentar el uso de millones de pesos frente a la Auditoría.
Ninguna de esas tres vías tuvo seguimiento. Todo quedó en una falta administrativa.
