* La carrera adelantada rumbo a la sucesión gubernamental de Tlaxcala volvió a encontrar un obstáculo legal contra el alcalde capitalino con licencia
Por segunda ocasión, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) determinó imponer medidas cautelares en contra del presidente municipal con licencia Alfonso Sánchez García al considerar que existen elementos suficientes para presumir actos de promoción anticipada derivados de la pinta de 24 bardas con el mensaje “Va con él” en los municipios de San Pablo del Monte y Zacatelco.
Aunque la autoridad electoral desechó otros señalamientos por falta de pruebas, la resolución deja un mensaje claro: la propaganda colocada antes del inicio formal del proceso electoral puede representar una ventaja indebida y vulnerar el principio de equidad en la contienda.
El ITE concedió un plazo de 48 horas para retirar las bardas. En caso de incumplimiento, el expediente podría escalar a un procedimiento sancionador, lo que aumentaría la presión sobre el presidente municipal con licencia de Tlaxcala capital.
La decisión resulta particularmente significativa porque Alfonso Sánchez participa en el proceso interno de Morena para definir la Coordinación Estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía, un cargo que, en los hechos, es visto como la antesala de la candidatura al Gobierno del Estado en 2027.
Más allá de la discusión jurídica, la resolución vuelve a colocar sobre la mesa un debate recurrente: ¿por qué algunos actores políticos insisten en adelantar campañas aun cuando la legislación electoral establece tiempos precisos? La reiteración de medidas cautelares sugiere que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia que ha llamado la atención de la autoridad electoral.
El episodio también plantea un desafío para Morena, partido que ha hecho de la crítica a las viejas prácticas políticas una de sus principales banderas. Si uno de sus aspirantes acumula resoluciones por presunta promoción anticipada, la narrativa de respeto a la legalidad y de igualdad de condiciones entre quienes buscan una candidatura inevitablemente queda bajo escrutinio.
La resolución del ITE no constituye una sentencia definitiva sobre responsabilidad electoral, pero sí representa una nueva advertencia institucional. En política, las percepciones suelen pesar tanto como los fallos, y cada resolución de este tipo erosiona el discurso de quienes buscan convencer al electorado de que actúan dentro de las reglas.
Mientras el reloj electoral sigue avanzando, la pregunta ya no es únicamente si las bardas serán retiradas, sino cuántas veces más la autoridad tendrá que intervenir para recordar que las campañas tienen un tiempo legal y que intentar adelantarlas tiene consecuencias.
