Tras la aprobación del presupuesto de 505 millones de pesos para la Fiscalía General del Estado (FGJE) en 2025, a cargo de Ernestina Carro Roldán, el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiahuatl Sánchez, destacó que este aumento es significativo, pero cuestionó si los resultados obtenidos hasta el momento justifican dicho incremento.
El también especialista en ciencias policiales señaló que, aunque el aumento presupuestal es relevante, es fundamental realizar una planificación adecuada para evaluar tanto las necesidades operativas como las de infraestructura.
En este sentido, subrayó que, aunque se podría justificar el aumento en el número de plazas dentro de la Fiscalía, es imprescindible considerar la capacidad operativa de las instalaciones.
Según Aquiahuatl, desde 2018 no ha habido un aumento significativo en la infraestructura de la Fiscalía; las instalaciones actuales siguen siendo las mismas, lo que limita la expansión de áreas clave, como la incorporación de más peritos o policías. Habrá hacinamiento, sostiene.
Aquiahuatl también realizó un ejercicio de autocritica a su gestión al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) -hoy Fiscalía-, señalando que en 2017, con un presupuesto de 260 millones de pesos, se judicializaron 176 carpetas de investigación, en 2018, esta cifra aumentó a 317, y en 2019 se duplicó, alcanzando las 568.
En 2020, el total ascendió a 841 carpetas judicializadas en todo el estado, y en 2021, hasta agosto, se registraron 691.
Finalmente, en entrevista para EN LÍNEA, que se transmite en este portal de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas, Aquiahuatl destacó que la Fiscalía debería mostrar cuántas carpetas ha enviado al juzgado para justificar de manera efectiva la necesidad del presupuesto de 505 millones de pesos asignados para el 2025.
