- Comunidades avalaron la obra, afirma el Gobierno de Tlaxcala
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevé publicar en septiembre las bases de licitación para una obra federal que ha generado controversia en comunidades de Tlaxcala, informó el vocero del Gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez. El anuncio coloca al proyecto en una nueva etapa administrativa después de las consultas realizadas en Guadalupe Escotla y Santa Cruz Guadalupe.
De acuerdo con el Gobierno de Tlaxcala, ambas comunidades realizaron asambleas bajo el marco del artículo 2 de la Constitución, con acompañamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Secretaría de Gobernación federal. En las votaciones, la mayoría de los participantes habría respaldado la construcción de la obra.
El gobierno estatal sostiene que la existencia de votos en contra no invalida las consultas, sino que demuestra que se trató de ejercicios deliberativos en los que hubo posiciones distintas. Con base en esos resultados, la administración estatal afirma que la decisión comunitaria cuenta con validez y debe ser respetada.
El proceso, sin embargo, llegó a los tribunales. Según la versión oficial, un grupo minoritario de Guadalupe Escotla promovió juicios de amparo y recursos en materia político-electoral para cuestionar el proyecto y el resultado de las consultas.
Martínez Velázquez afirmó que las impugnaciones fueron rechazadas en las distintas instancias judiciales y que los tribunales determinaron que no existían razones legales suficientes para detener el proyecto. El Gobierno estatal anunció que continuará defendiendo jurídicamente los resultados de las asambleas comunitarias.
Con la eventual publicación de las bases en septiembre, el proyecto entraría en una fase decisiva: la licitación permitiría avanzar hacia las siguientes etapas administrativas y, posteriormente, hacia la ejecución de una obra cuya competencia corresponde al ámbito federal.
El caso mantiene abierto un debate que trasciende la construcción de infraestructura: hasta dónde debe prevalecer la decisión de una mayoría comunitaria cuando existe una oposición organizada que cuestiona el procedimiento. Para el Gobierno de Tlaxcala, la respuesta está en respetar los resultados de las consultas y las resoluciones judiciales que, según su versión, han respaldado la continuidad del proyecto.
