*La reforma contempla la implementación de un sistema de trazabilidad para verificar cuánta madera se autoriza talar y asegurar su destino adecuado, evitando que se configure el blanqueo legal que se traduce en millones de ganancias para unos cuantos pero la afectación ecológica para los tlaxcaltecas.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera destacó la necesidad urgente de un modelo de desarrollo sustentable para la protección de los recursos forestales del país, enfatizó que es esencial erradicar la simulación de protección y la corrupción en la gestión de los bosques, montañas y entornos arbolados, que son vitales para garantizar la humedad, lluvia y oxígeno en el país.
Rivera explicó que la propuesta de reforma presentada recientemente busca fortalecer las leyes existentes para asegurar que las instituciones creadas para proteger los recursos forestales cumplan con su propósito real y no se conviertan en un negocio disfrazado de protección.
La senadora comentó que, a pesar de que estas leyes ya existen, se requiere un enfoque más específico, y se basó en estudios técnicos realizados por su equipo, con quienes se reunió con comisariados, campesinos, pequeños propietarios e ingenieros forestales en Tlaxcala, quienes confirmaron la tala ilegal bajo el pretexto del gusano descortezador en la Malintzi.
El problema, según la senadora, es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) permite la tala de árboles para el saneamiento forestal sin un control adecuado, lo que facilita que se talen más árboles de los permitidos. Esta situación, señaló Rivera, abre la puerta a un sistema de “blanqueo” legal en el que se extrae madera en grandes cantidades, dejando a los bosques expuestos a la tala clandestina.
En entrevista con Martín Rodríguez Hernández explicó que, en la legislación actual no existe un sistema de trazabilidad forestal que garantice que la madera extraída bajo el pretexto del saneamiento o la explotación sustentable sea seguida de manera estricta desde el momento de la tala hasta su destino final, lo que permitiría controlar el proceso y evitar el abuso.
La reforma propuesta por la senadora contempla la implementación de un sistema de trazabilidad para verificar cuánta madera se autoriza talar y asegurar su destino adecuado.
También se le dará mayores facultades a la SEMARNAT y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dar seguimiento a este proceso, además de otorgar a la Guardia Nacional un papel de supervisión, protección y detención de grupos dedicados a la tala ilegal.
La reforma incluye la tipificación de la tala clandestina como un delito grave, sin derecho a fianza, y la modificación del Código Penal Federal para asegurar sanciones más severas para quienes cometan este delito.
