El secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias en la denuncia de extorsión y amenazas de muerte que presuntamente recibió una persona privada de la libertad (PPL) por parte de funcionarios del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala (Cereso).
En entrevista colectiva, advirtió que no habrá tolerancia para ningún funcionario y que cada uno deberá asumir la responsabilidad de sus actos. No obstante, precisó que las investigaciones deberán desahogarse para deslindar responsabilidades.
Ramírez Hernández subrayó que, por el momento, ninguna persona puede ser señalada por la comisión de un delito hasta que se demuestre lo contrario, por lo que insistió en la necesidad de concluir las indagatorias para definir si existe responsabilidad o no por parte de los funcionarios.
Sobre el caso, el funcionario reconoció desconocer qué aparato utilizó el recluso Ventura N. para grabar el video en el que denunció extorsiones, amenazas de muerte y salidas constantes del penal para participar en hechos delictivos. Señaló que es necesario aplicar la norma y evitar que existan privilegios dentro de los Centros de Reinserción.
Finalmente, el responsable de la política interna en la entidad informó que se supervisarán los Centros de Reinserción Social para decomisar cualquier artefacto que se encuentre fuera de la norma, pues no debe haber tolerancia ni privilegios para ningún interno.
