Una publicación periodística que circuló a nivel nacional colocó a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dentro de una lista de políticos mexicanos que presuntamente serían investigados por autoridades estadounidenses por posibles vínculos con organizaciones criminales; sin embargo, el gobierno estatal rechazó tener conocimiento de alguna indagatoria oficial en contra de la mandataria.
De acuerdo con una investigación difundida por el periodista Alfredo Griz en el diario La Opinión de México, autoridades de Estados Unidos y otras agencias internacionales estarían realizando investigaciones contra diversos políticos mexicanos por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y abuso de funciones públicas.
La publicación señala que la gobernadora tlaxcalteca formaría parte de un listado en el que aparecen otros funcionarios y exfuncionarios de distintos estados, principalmente vinculados con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El trabajo periodístico refiere que supuestamente agencias de seguridad estadounidenses, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), mantienen investigaciones contra gobernadores, empresarios y servidores públicos mexicanos; no obstante, hasta el momento no se han presentado públicamente documentos oficiales que acrediten una acusación formal contra la titular del Ejecutivo de Tlaxcala.
Ante estos señalamientos, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, afirmó que la administración estatal no cuenta con información ni notificación sobre alguna investigación del gobierno estadounidense contra Lorena Cuéllar Cisneros.
“Vi la nota, la vamos a revisar. No tenemos información, no tenemos conocimiento ni notificación de una investigación en ningún sentido sobre ese tema”, declaró.
El funcionario estatal señaló que existe una narrativa nacional sobre presuntos “narcogobiernos” y consideró que algunos señalamientos forman parte de una estrategia política impulsada por sectores opositores.
Hasta ahora, el gobierno de Tlaxcala sostiene que no existe comunicación oficial de autoridades extranjeras que involucre a la gobernadora en una investigación criminal.
