* ¿Amor con privilegios? Tlaxcaltecas critican influyentismo y favoritismo del funcionario estatal
La romántica propuesta de matrimonio protagonizada por Stefano Di Grazia Hernández, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y director del Consejo Estatal de Población (COESPO), generó una polémica entre tlaxcaltecas por el uso del teatro Xicohténcatl para convertir el histórico recinto en un espacio íntimo para funcionarios del estado.
En redes sociales se critica y cuestiona al gobierno estatal por las facilidades con las que este funcionario usó el espacio público para un tema personal e íntimo como la propuesta de matrimonio, en redes sociales los cibernautas afirmaron que elnubfoiyentismo es descarado y que cuando se solicita el recinto para temas de difusión cultural, el gobierno pone muchas trabajar y cobra cantidades económicas elevadas.
El servidor público difundió en sus redes sociales las imágenes del momento en que pidió matrimonio sobre el escenario del Teatro Xicohténcatl, uno de los inmuebles históricos y culturales más representativos del estado. Lo que buscaba ser un recuerdo personal se convirtió en un cuestionamiento público sobre el uso de bienes que pertenecen a todos los tlaxcaltecas.
La publicación provocó una inmediata reacción entre ciudadanos, quienes comenzaron a preguntarse si cualquier persona podría obtener autorización para realizar un acto privado dentro del recinto o si el acceso fue posible gracias al cargo que ocupa el funcionario estatal.
Y es que el Teatro Xicohténcatl no es un espacio cualquiera. Su utilización está regulada por procedimientos administrativos y lineamientos destinados a proteger su valor histórico, cultural y patrimonial. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha explicado quién autorizó el uso del inmueble, bajo qué criterios se concedió el permiso, si existió una solicitud formal o si se cubrieron los requisitos y pagos correspondientes.
El silencio institucional alimenta las dudas. En una administración que presume transparencia y combate a los privilegios, la ausencia de información abre la puerta a cuestionamientos sobre un posible trato preferencial hacia un integrante del propio gobierno.
Más allá del carácter personal de la propuesta, el caso exhibe un problema de fondo: la falta de claridad en el manejo de los espacios públicos. Si cualquier ciudadano debe sujetarse a reglas para acceder a un inmueble histórico, la exigencia de transparencia debe ser aún mayor cuando quien hace uso de él es un servidor público.
La polémica no gira en torno al compromiso matrimonial, sino a la percepción de que los funcionarios podrían disponer de bienes públicos con facilidades que difícilmente tendría la ciudadanía.
Mientras la dependencia responsable del Teatro Xicohténcatl mantenga silencio, persistirá la sospecha de que en Tlaxcala hay puertas que solo se abren para quienes forman parte del poder, debilitando el discurso gubernamental de igualdad y rendición de cuentas.
Cuando un recinto histórico se convierte en escenario de un acto privado sin una explicación pública de por medio, la pregunta deja de ser romántica para convertirse en institucional: ¿fue un permiso legal o un privilegio de poder?
