Los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, firmaron este lunes un convenio sin precedentes para delimitar tramos carreteros federales y ordenar el transporte público que opera entre ambas entidades, con el objetivo de mejorar la seguridad, certidumbre y calidad del servicio tanto para transportistas como para usuarios.
El acuerdo establece como tramos prioritarios a la Vía Corta Santa Ana – Puebla, la carretera federal Tlaxcala – Puebla, y la carretera Tlaxcala – Apizaco, donde se concentra el mayor flujo de transporte público interestatal y metropolitano.
Durante la firma del instrumento, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y la subsecretaria de la SICT, Tania Carro Toledo, resaltaron que este convenio representa un avance clave en materia de movilidad y es el primero en su tipo en el país. También participaron representantes de las áreas de Movilidad y Transporte de ambos estados.
Carro Toledo explicó que este compromiso busca evitar conflictos entre transportistas, permitir la operación de unidades más modernas, reconocer las densidades poblacionales, y garantizar una movilidad más segura, humana y eficiente.
Por su parte, el subsecretario de Transportes y Comunicaciones de Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, señaló que el tema de seguridad es central en este convenio y que, además, se contempla el levantamiento de un censo de concesiones como parte del ordenamiento integral.
La gobernadora Cuéllar subrayó que tras un año de trabajo y diálogo, este acuerdo representa una herramienta viva, sujeta a evaluación y mejora continua, que abrirá espacios de participación para los propios prestadores de servicios.
“Después de décadas de abandono, ordenar el transporte no es una tarea fácil. Implica voluntad, diálogo y mucha sensibilidad. Hoy damos un paso firme hacia una movilidad más justa y ordenada”, declaró.
Además, se anunció la conformación de un grupo de trabajo permanente integrado por autoridades estatales y federales, encargado de realizar estudios operativos y evaluaciones técnicas para sustentar futuras decisiones.
Como parte de las acciones de transparencia, todos los documentos del convenio estarán disponibles al público para su consulta, a fin de socializar el contenido y mantener informada a la ciudadanía.
