A dos meses de la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), un grupo de 38 extrabajadores denunció que no han recibido el pago de sus prestaciones ni los finiquitos que por ley les corresponden, lo que calificaron como una violación flagrante a sus derechos humanos y laborales.
De acuerdo con los afectados, la situación ha derivado en condiciones críticas para varias familias, destacando el caso de una extrabajadora que cursa las últimas semanas de embarazo sin acceso a seguridad social ni a atención médica. La calificaron como una muestra de violencia laboral y de género.
Señalamientos contra exfuncionario y autoridades estatales
Los exempleados señalaron directamente al último presidente del IAIP, Arturo de Casa Vega, quien —dijeron— se había comprometido a defender sus derechos e incluso aseguró haber devuelto cerca de 2 millones de pesos al gobierno estatal para liquidaciones, pero hasta ahora no ha intervenido.
“Es un acto de abandono y complicidad”, acusaron, al recordar que el exfuncionario ya fue contratado en una dependencia estatal relacionada con el medio ambiente, lo que, afirmaron, demuestra su falta de interés en apoyar a sus excompañeros.
Asimismo, responsabilizaron al secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, cuya área debió garantizar la transferencia y aplicación de los recursos para el pago del personal tras el decreto de extinción del organismo.
Los denunciantes recordaron que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 47, 48, 50 y 53, establece que ante la desaparición de una institución pública los empleados tienen derecho a recibir salarios devengados, prestaciones proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y el finiquito correspondiente.
“Hasta ahora ninguno de estos derechos ha sido cubierto, lo que coloca al gobierno estatal en abierta violación a la ley”, expusieron.
Ante esta situación, los extrabajadores exigieron la intervención urgente del Congreso del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al considerar que el caso refleja un abandono institucional.
“Se trata de una injusticia que no podemos permitir. Exigimos que se cumpla la ley y que se respeten nuestros derechos como trabajadores”, manifestaron.
Finalmente, adelantaron que presentarán demandas laborales y no descartaron la realización de manifestaciones públicas.
“El mensaje es claro: quienes sostuvimos el trabajo del instituto somos invisibles. Para nosotros no hubo respaldo ni defensa, mientras que para el expresidente sí hubo un espacio en el gobierno”, recriminaron
