* La funcionaria aseguró que algunos recibieron hasta 3 millones de pesos, además, anuncia denuncias por amenazas
La confrontación entre la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) y un grupo de productores escaló este jueves luego de que la titular de la dependencia, Haide Gisela Lucero Zepeda, no sólo rechazó las acusaciones en su contra, sino que acusó que detrás de las protestas existirían intereses de quienes durante años concentraron los apoyos públicos para el campo y que son falsos productores porque los apoyos que reciben del gobierno los venden para obtener ingresos.
En los diálogos circulares, la funcionaria declaró que, durante la revisión de expedientes, detectaron casos de personas que presuntamente acumularon más de tres millones de pesos en distintos programas gubernamentales, situación que, aseguró, evidencia los privilegios con los que algunos grupos operaban en administraciones anteriores.
Según Lucero Zepeda, la molestia de ciertos productores no responde a una supuesta falta de atención, sino a que ahora ya no podrán decidir quién recibe los apoyos ni repetir como beneficiarios año tras año.
“Las puertas siempre han estado abiertas”, sostuvo la secretaria, al tiempo que afirmó que el nuevo esquema busca terminar con la práctica de favorecer siempre a los mismos, mientras miles de campesinos quedaban fuera de los programas.
La titular de la SIA explicó que, precisamente para ampliar las oportunidades, el Gobierno del Estado extendió el periodo de recepción de solicitudes y sometió la asignación de apoyos a un comité de contraloría social para reducir riesgos de corrupción y discrecionalidad.
Sobre las acusaciones de que funcionarios imponían proveedores o pedían dinero para acceder a los programas, Lucero Zepeda aseguró que pidió la intervención inmediata de la Secretaría Anticorrupción para recibir las denuncias en ese mismo momento; sin embargo, afirmó que ninguno de los inconformes presentó una denuncia formal.
Incluso, reveló que durante la reunión varios asistentes reconocieron ser trabajadores que únicamente habían sido llevados a la manifestación, por lo que puso en duda la autenticidad del movimiento de protesta.
La funcionaria también denunció haber sido víctima de insultos e intimidaciones. Aseguró que algunos manifestantes la amenazaron con regresar para tomar o cerrar las instalaciones de la dependencia si no entregaba los folios que exigían.
En este sentido, anunció que presentará denuncias penales por amenazas y también procederá legalmente contra quienes la acusaron públicamente de exigir dinero para otorgar apoyos, pero que, afirmó, se negaron a ratificar esas acusaciones ante la autoridad competente cuando tuvieron la oportunidad.
Entre los campesinos beneficiados, se encuentra la familia Taboada, originaria del municipio de Nanacamilpa identificada con el Partido Acción Nacional (PAN).
